El cambio climático y la dependencia petrolera, amenazas para EU: Obama
23-11-2008
El futuro presidente envió mensaje al Foro Globe International de Legisladores de las Américas
- Anuncia inversión anual de 15 mil mdd para reducir emisiones de bióxido de carbono
- Promete gobierno mexicano que 26% de la electricidad provendrá de fuentes renovables para 2012
El cambio climático y la dependencia petrolera son una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, sostuvo el próximo presidente de aquel país, Barack Obama. Al participar mediante un mensaje videograbado, en el Foro Globe International de Legisladores de las Américas, celebrado en la Cámara de Diputados, anunció una inversión anual de 15 mil millones de dólares para implementar una nueva política cuyo finalidad será reducir la emisión de bióxido de carbono, mediante las energías solar, eólica y nuclear.
Al señalar la carencia de liderazgo de la administració n de George W. Bush en el impulso de acciones y políticas limpias, el futuro ocupante de la Casa Blanca prometió crear 5 millones de nuevos empleos relacionados con tecnologías comprometidas con el medio ambiente.
El Foro Globe, celebrado en el Salón Verde del Palacio Legislativo de San Lázaro, cobró relevancia por la intervención de Obama, quien refirió que el tema del cambio climático ya no permite disputas entre nadie, pues éste es prioridad para el mundo.
“El cambio climático, y nuestra dependencia del petróleo, si no los resolvemos, son una amenaza en contra de la seguridad nacional de nuestro país. Vemos que muchas empresas están haciendo su parte, invirtiendo en las tecnologías limpias, pero en Washington con mucha frecuencia no han demostrado el mismo liderazgo.
“Vamos a comenzar con objetivos claros, anuales, que fijan la dirección para reducir las emisiones para el año 2020, para que invirtamos 15 mil millones de dólares cada año para tener un futuro limpio, podamos invertir en energía solar, en la eólica y también vamos a ver todo lo que sea posible hacer con la energía nuclear. Esta inversión no sólo nos va a ayudar a reducir nuestra dependencia sobre el petróleo que viene del extranjero y darnos más seguridad en Estados Unidos, no sólo nos va a ayudar a tener un futuro limpio, salvando al planeta, sino que también nos va a permitir generar 5 millones de nuevos empleos limpios, verdes, que no se pueden encontrar por fuera”.
Simples matemáticas: Kessel
Por su parte, a nombre de Felipe Calderón, la secretaria de Energía, Georgina Kessel, también, expuso la urgencia de reducir las emisiones de bióxido de carbono a la atmósfera.
“Una de ellas es ampliar la capacidad del planeta para absorber y reutilizar el bióxido de carbono. Para esto, necesitamos establecer zonas verdes y de cultivo en lugares que se han vuelto desérticas, y defender, con firmeza, el agua, el aire y el suelo”.
En su exposición, puso sobre la mesa la estrategia del gobierno mexicano para bajar la emisión de los gases de efecto invernadero. Sin profundizar en los cómos, simplemente enunció la pretensión federal de hacerlo.
“Sabemos que para desarrollar las actividades de la industria, el comercio y los hogares, todo el mundo necesita energía. En estos procesos cotidianos, se producen gases de efecto invernadero que son emitidos a la atmósfera.
“Debemos hallar una manera de obtener mucho más, con mucho menos. En ese sentido, la humanidad ha encontrado dos vertientes: eficiencia energética y energías renovables.
“…la mejor forma para reducir la emisión de gases de efecto invernadero es mediante la eficiencia energética. La matemática es simple: utilizando menos energía produciremos menos emisiones de bióxido de carbono y otros tipos de gases”.
Además recordó que México tiene potencial para aprovechar las energías eólica, solar, hidráulica y geotérmica que a la fecha no han sido eficientemente explotadas. “Por ello, el gobierno del presidente Calderón se ha establecido como meta que 26 por ciento de la capacidad instalada para la generación de electricidad provenga de fuentes renovables para el año 2012”.
Urgen dosis de realismo: Banco Mundial
Por su parte, Pamela Cox, representante del Banco Mundial, demandó a los países en desarrollo comprometerse “bajo el entendimiento de que una mejor administració n ambiental va de la mano con el crecimiento económico”.
Desde la óptica del organismo financiero, dijo, hace falta un terreno más equitativo para crear una sinergia en el debate acerca del cambio climático, no un antagonismo entre las metas paralelas de la recuperación económica y la responsabilidad ambiental de las economías emergentes. “Nuestra experiencia nos dicta que, cuando es presentado en este contexto, este grupo de países se muestra ávido de asumir su papel de comprometer y mostrar el camino”.
Al preguntarse a sí misma si será posible hacerle frente a la crisis financiera y económica y al cambio climático al mismo tiempo, la enviada del Banco Mundial dijo: “Yo opino que separar la transición necesaria a un desarrollo con baja intensidad de carbono de la recuperación económica sería perdernos una oportunidad única. Cualquier estímulo económico que forme parte de la recuperación debería apoyar el camino del crecimiento sustentable al integrar medidas a corto plazo para la recuperación económica y realizar esfuerzos a mediano plazo para alcanzar la seguridad energética y climática. Pero necesitamos una dosis de realismo para esta propuesta básica. El despliegue y la expansión de nuevas tecnologías no tardarán meses, sino años. Sin embargo, comenzar ahora es la mejor manera de vincular las necesidades económicas a corto plazo, actuales, con un futuro sustentable”.
http://www.jornada. unam.mx/2008/ 11/23/index. php?section= sociedad&article=035n1soc
24 noviembre 2008
18 noviembre 2008
Argentina - Desmontes contra viento y legislación
BUENOS AIRES,(IPS) - Un año después de la promulgación de la ley de preservación de bosques nativos en Argentina, ambientalistas afirman que sigue la deforestación indiscriminada, aunque a un ritmo más lento. Lo atribuyen a la demora del gobierno en crear un fondo compensatorio para las provincias que frenen la tala intensiva.
La ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos, aprobada en noviembre de 2007, fijó un embargo de un año para desmontes y un ordenamiento territorial en cada provincia que fije categorías de resguardo para montes intangibles, de uso sustentable o que susceptibles de transformación.
El proyecto, presentado 18 meses antes de su sanción, era muy resistido por provincias que autorizaban los desmontes para aumentar el área destinada a agricultura y ganadería. Por eso, en la aprobación de la ley fue clave la creación de un Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de Bosques Nativos.
Pero la reglamentación de la ley y sobre todo la conformación de ese fondo están frenados en el ministerio de Economía, explicaron a IPS fuentes del capítulo argentino de la organización ambientalista Greenpeace y de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Entretanto, los desmontes continúan en algunas provincias.
Greenpeace, que desde 2002 traba la acción de las topadoras con sus activistas, fue la cara visible de la campaña de preservación de los bosques en la que participaron unas 30 organizaciones ecologistas de Argentina. Junto al cabildeo, las entidades juntaron un millón y medio de firmas de la ciudadanía a favor de la norma.
"Si no sale la reglamentación y el fondo como incentivo, la aplicación de la ley se vuelve laxa", advirtió ante la consulta de IPS Hernán Giardini, coordinador de Bosques de Greenpeace.
Las provincias necesitan los fondos para reforzar las direcciones administrativas que tienen que ver con los bosques y su capacidad de control de los desmontes, añadió.
Giardini destacó que las administraciones provinciales están ordenando sus bosques y cumplirán con el plazo para presentar los informes este año. Pero "el Estado nacional está en falta", dijo, porque demora la aprobación de la reglamentación cuyo texto fue presentado hace cuatro meses por la Secretaría de Ambiente.
El fondo se constituirá con 0,3 por ciento del Presupuesto Nacional y dos por ciento de impuestos a las exportaciones agrícolas, ganaderas y forestales. Son unos 300 millones de dólares, de los cuales 70 por ciento será para compensar a los dueños de tierras boscosas protegidas y el resto irá al área de bosques de cada provincia para que refuercen el control.
En Argentina, los bosques pasaron de 127 millones de hectáreas a 31 millones en un siglo. Pero en la última década, a raíz de la expansión agropecuaria, la depredación se aceleró y superó las 300.000 hectáreas por año. En vísperas de la sanción de la ley, la destrucción se multiplicó por cinco en la provincia de Salta.
La nueva ley, que determina además que se realicen estudios de impacto ambiental previos a la aprobación de desmontes en zonas explotables, reconoce los servicios ecológicos de los bosques como la conservación de la biodiversidad, del suelo, la calidad del agua, la regulación hídrica o la fijación de gases de efecto invernadero.
En diálogo con IPS, el ingeniero forestal Carlos Merenson, director Nacional de Ordenamiento Territorial y Conservación de la Biodiversidad de la Secretaría de Ambiente, explicó que el retardo en la aprobación de la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo no es una excusa para que sigan los desmontes
"El fondo es una ayuda para alcanzar los objetivos de la ley, pero la norma está en vigor y las provincias deben respetarla, aunque no exista todavía el fondo", remarcó.
No obstante, admitió que sus registros indican que no se cumple plenamente la moratoria, que exigía frenar por completo los desmontes este año hasta presentar el ordenamiento. "Hicimos un monitoreo, y lo que vemos es que se frenaron del ritmo que tenían, pero nos preocupa que no desaparecieron", admitió.
Las provincias, dijo, están "bastante avanzadas" en el ordenamiento territorial y se prevé que cumplirán con el plazo de un año para presentar la clasificación de sus bosques, para determinar cuáles pueden ser explotados y cuáles no. Pero la reglamentación permitiría ir más a fondo con el cumplimiento de la ley, puntualizó.
Giardini, a pesar de que considera que la ley es "una herramienta muy valiosa" es más crítico del balance. "Algunas provincias, como Chaco (en el noreste), presentaron como zona de bosque para explotar un área de un millón de hectáreas, equivalente a 50 veces la capital de Argentina", comparó alarmado.
En los bosques de esa provincia se analiza además la aprobación de un proyecto de inversión de una siderúrgica brasileña que prevé producir arrabio a gran escala a partir de carbón vegetal, una propuesta muy resistida por vecinos, ambientalistas y dirigentes opositores de la región.
La planta consumiría unas 180.000 toneladas de carbón vegetal al año, equivalente a unos 400.000 árboles autóctonos, indicó la Fundación Proteger, que trabaja en Chaco. La zona donde se instalaría la firma, Puerto Vilelas, está sobre el río Paraná, y forma parte del sitio Ramsar Humedales Chaco.
Pese a estos casos, "estamos recibiendo menos denuncias de desmontes", subrayó Giardini. "Antes (de la ley) eran tres por semana y ahora bajaron a una llamada cada dos o tres semanas, o sea que el desmonte bajó, pero no se frenó del todo como indicaba la ley", alertó.
FUENTE:
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=90457
La ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos, aprobada en noviembre de 2007, fijó un embargo de un año para desmontes y un ordenamiento territorial en cada provincia que fije categorías de resguardo para montes intangibles, de uso sustentable o que susceptibles de transformación.
El proyecto, presentado 18 meses antes de su sanción, era muy resistido por provincias que autorizaban los desmontes para aumentar el área destinada a agricultura y ganadería. Por eso, en la aprobación de la ley fue clave la creación de un Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de Bosques Nativos.
Pero la reglamentación de la ley y sobre todo la conformación de ese fondo están frenados en el ministerio de Economía, explicaron a IPS fuentes del capítulo argentino de la organización ambientalista Greenpeace y de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Entretanto, los desmontes continúan en algunas provincias.
Greenpeace, que desde 2002 traba la acción de las topadoras con sus activistas, fue la cara visible de la campaña de preservación de los bosques en la que participaron unas 30 organizaciones ecologistas de Argentina. Junto al cabildeo, las entidades juntaron un millón y medio de firmas de la ciudadanía a favor de la norma.
"Si no sale la reglamentación y el fondo como incentivo, la aplicación de la ley se vuelve laxa", advirtió ante la consulta de IPS Hernán Giardini, coordinador de Bosques de Greenpeace.
Las provincias necesitan los fondos para reforzar las direcciones administrativas que tienen que ver con los bosques y su capacidad de control de los desmontes, añadió.
Giardini destacó que las administraciones provinciales están ordenando sus bosques y cumplirán con el plazo para presentar los informes este año. Pero "el Estado nacional está en falta", dijo, porque demora la aprobación de la reglamentación cuyo texto fue presentado hace cuatro meses por la Secretaría de Ambiente.
El fondo se constituirá con 0,3 por ciento del Presupuesto Nacional y dos por ciento de impuestos a las exportaciones agrícolas, ganaderas y forestales. Son unos 300 millones de dólares, de los cuales 70 por ciento será para compensar a los dueños de tierras boscosas protegidas y el resto irá al área de bosques de cada provincia para que refuercen el control.
En Argentina, los bosques pasaron de 127 millones de hectáreas a 31 millones en un siglo. Pero en la última década, a raíz de la expansión agropecuaria, la depredación se aceleró y superó las 300.000 hectáreas por año. En vísperas de la sanción de la ley, la destrucción se multiplicó por cinco en la provincia de Salta.
La nueva ley, que determina además que se realicen estudios de impacto ambiental previos a la aprobación de desmontes en zonas explotables, reconoce los servicios ecológicos de los bosques como la conservación de la biodiversidad, del suelo, la calidad del agua, la regulación hídrica o la fijación de gases de efecto invernadero.
En diálogo con IPS, el ingeniero forestal Carlos Merenson, director Nacional de Ordenamiento Territorial y Conservación de la Biodiversidad de la Secretaría de Ambiente, explicó que el retardo en la aprobación de la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo no es una excusa para que sigan los desmontes
"El fondo es una ayuda para alcanzar los objetivos de la ley, pero la norma está en vigor y las provincias deben respetarla, aunque no exista todavía el fondo", remarcó.
No obstante, admitió que sus registros indican que no se cumple plenamente la moratoria, que exigía frenar por completo los desmontes este año hasta presentar el ordenamiento. "Hicimos un monitoreo, y lo que vemos es que se frenaron del ritmo que tenían, pero nos preocupa que no desaparecieron", admitió.
Las provincias, dijo, están "bastante avanzadas" en el ordenamiento territorial y se prevé que cumplirán con el plazo de un año para presentar la clasificación de sus bosques, para determinar cuáles pueden ser explotados y cuáles no. Pero la reglamentación permitiría ir más a fondo con el cumplimiento de la ley, puntualizó.
Giardini, a pesar de que considera que la ley es "una herramienta muy valiosa" es más crítico del balance. "Algunas provincias, como Chaco (en el noreste), presentaron como zona de bosque para explotar un área de un millón de hectáreas, equivalente a 50 veces la capital de Argentina", comparó alarmado.
En los bosques de esa provincia se analiza además la aprobación de un proyecto de inversión de una siderúrgica brasileña que prevé producir arrabio a gran escala a partir de carbón vegetal, una propuesta muy resistida por vecinos, ambientalistas y dirigentes opositores de la región.
La planta consumiría unas 180.000 toneladas de carbón vegetal al año, equivalente a unos 400.000 árboles autóctonos, indicó la Fundación Proteger, que trabaja en Chaco. La zona donde se instalaría la firma, Puerto Vilelas, está sobre el río Paraná, y forma parte del sitio Ramsar Humedales Chaco.
Pese a estos casos, "estamos recibiendo menos denuncias de desmontes", subrayó Giardini. "Antes (de la ley) eran tres por semana y ahora bajaron a una llamada cada dos o tres semanas, o sea que el desmonte bajó, pero no se frenó del todo como indicaba la ley", alertó.
FUENTE:
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=90457
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