Al hacer un análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2012, descubrimos que de los recursos para el sector forestal, por 6 mil 812 millones de pesos para el próximo año, sólo alrededor de 700 millones de pesos están encaminados a programas para apoyar actividades que promueven la efectiva valoración de los ecosistemas forestales y que aseguran la provisión de los servicios ambientales, como los que promueven la silvicultura comunitaria y el manejo forestal sustentable por parte de comunidades y ejidos.
Es precisamente esta falta de valoración de los bosques la principal causa de que cada año desaparezcan estos ecosistemas a una tasa de casi medio millón de hectáreas y es evidente que dentro de la política del gobierno federal no se busca una manera efectiva de revertir la grave deforestación que afecta a los bosques de México y tampoco se valora la importancia de estos ecosistemas para mantener la vida de las comunidades y la ciudadanía ante la crisis global del cambio climático. Esto, a pesar de que 70 por ciento de los bosques de México son propiedad de comunidades indígenas y ejidos.
Por el contrario, el PPEF 2012 plantea otorgar mil 986 millones de pesos a la categoría Pago por Servicios Ambientales (31 por ciento de los recursos del Proárbol); aunque a simple vista esto podría parecer un incremento que contribuiría a valorar los ecosistemas forestales, no es así, ya que este rubro está compuesto principalmente por los programas de Plantaciones Forestales Comerciales (Prodeplan), de Reforestación y Conservación de Suelos (Procoref), así como el de Pago por Servicios Ambientales (PSA), los cuales, está demostrado que no contribuyen de manera efectiva a detener la deforestación en nuestro país.
Aunque en su origen, la orientación y el enfoque del PSA fueron innovadores, en la actualidad está lejos de ser una respuesta efectiva al problema de la valoración y la deforestación. Entre sus mayores debilidades destacan:
- La esencia actual del PSA consiste principalmente en otorgar un subsidio a los propietarios de los bosques, condicionado débilmente a “no deforestar”. Es decir, es un “pago por no tocar” en lugar de promover el fortalecimiento de capacidades técnicas y organizativas de las comunidades y ejidos forestales y compensarlas por llevar a cabo actividades que garantizan la provisión de los servicios ambientales, como ordenamiento territorial, planes de manejo, planes de aprovechamiento, entre otros.
- No asocia la escasa valoración de los bosques con las causas de fondo de la deforestación y degradación de los ecosistemas forestales y, por lo tanto, no está encaminado a atenderlas y revertirlas. En consecuencia, sus resultados dependen más de factores externos (precio de los productos básicos, por ejemplo), que de las acciones mismas del programa.
- Debido a esto, actualmente el PSA corre el riesgo de quedar limitado a un programa asistencialista.
Al no valorarse los ecosistemas forestales y los servicios ambientales que brindan, la conservación de estos recursos no tiene un papel relevante en la agenda pública y de gobierno y, por lo tanto, tampoco se valoran ni impulsan las acciones que promueven efectivamente la conservación y uso sustentable de los bosques.
Esto ocasiona que al momento de definir el uso de suelo o tomar decisiones sobre política pública, como la asignación del presupuesto, muchas veces se dé preferencia a otras actividades como los proyectos turísticos, las carreteras, la minería, la agricultura y ganadería extensivas, la reforestación o las plantaciones forestales comerciales, entre otras. Por esto no sorprende que en el PPEF 2012 se planteé asignar 61 mil 612 millones de pesos al sector agrícola y pecuario, 70 mil 440 millones a comunicaciones y transportes, 45 mil 233 millones a medio ambiente y sólo 6 mil 453 millones de pesos al Proárbol.
La falta de valoración de los ecosistemas forestales tiene severas consecuencias para los bosques de nuestro país. Por ejemplo:
•las plantaciones de aguacate en la región Purépecha de Michoacán crecieron 650 por ciento en los últimos 42 años, en muchos casos, a costa del bosques;
•90 por ciento de la Reserva de la Biósfera de los Tuxtlas, en Veracruz, ha sido deforestada debido al avance de la frontera agropecuaria;
•50 por ciento de la cobertura forestal del Parque Nacional La Malinche ha sido sustituida por campos agrícolas;
•y finalmente, la actual administración federal autorizó la construcción de la Autopista Lerma- Tres Marías a través del Gran Bosque de Agua (bosques ubicados entre Cuernavaca, Toluca y el Distrito Federal) y se planea la construcción del Arco Sur en la misma zona.
En el marco del Año Internacional de los Bosques, y dada la relevancia de estos ecosistemas para la mitigación del cambio climático, Greenpeace hace un llamado a los diputados y diputadas para que tomen las medidas necesarias a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año, el cual están discutiendo; promuevan de manera efectiva la valoración de los ecosistemas forestales y sus servicios ambientales, así como de las actividades que contribuyen a preservarlos, especialmente el manejo forestal por parte de comunidades y ejidos; ya que este fue uno de los acuerdos presentados por México en REDD+, durante la pasada cumbre del clima de Cancún COP 16, para alcanzar la cero deforestación al año 2020.
Por todo lo anterior, Greenpeace solicita a los diputados y diputadas de la LXI legislatura:
•Impulsar una evaluación efectiva del impacto (no sólo del cumplimiento de metas) de los programas que componen el Proárbol para que, con base en ella, se les asignen los recursos en los próximos años.
•Reasignar los recursos que se pretenden destinar al Procoref, Prodeplan y PSA para dar prioridad a los programas que promueven el manejo forestal sustentable por parte de comunidades y ejidos (Prodefor y Programa de Silvicultura comunitaria).
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