Influenza porcina en México

por Raúl Guzmán Enzástiga

A continuación, mi punto de vista personal, como biólogo, ambientalista y asesor parlamentario, acerca de la Influenza porcina:

Creo que la actuación de las autoridades federales y mundiales se puede calificar de prudente. Han avanzado las medidas de seguridad a medida que avanza el riesgo de infección. Por otra parte, se han observado algunas acciones descoordinadas por parte del gobierno federal con el local. Doy dos ejemplos:

1. El gobierno local quiso iniciar la aplicación de la vacuna contra la influenza estacional, en un momento en que el gobierno federal había solicitado esperar a saber si la cepa del virus era la ya conocida o una cepa nueva. Esto es un grave error, puesto que aplicar la vacuna de influenza estacional a gente infectada con influenza porcina, pudo haber complicado el cuadro clínico con efectos inesperados, como atenuar parcialmente el virus o incluso favorecer su resistencia.

2. Cuando el gobierno federal anunció los recursos federales con los que se contaba para hacer frente a la emergencia sanitaria, el gobierno local respondió con una convocatoria para premiar con un millón de pesos a los investigadores que formulen una vacuna o encuentren una cura efectiva para la enfermedad (ver convocatoria: http://www.icyt.df.gob.mx/convocatorias/ConvocatoriaInfluenza/Convocatoria_influenza.pdf ).

En estos ejemplos, no vale la pena buscar culpables. Simplemente hay que aprender de los errores. Es necesario reforzar la coordinación de autoridades.

Con respecto al flujo de información, creo que la difusión de datos entre autoridades nacionales y mundiales ha sido constante. Por otra parte, la información que se difunde al público ha sido limitada, para evitar el pánico colectivo.

Hacen falta datos más precisos sobre las personas fallecidas, su edad, género e historial médico, con la finalidad de hacer una correlación de los datos. Falta información geográfica relativa a los brotes de la enfermedad; con el fin de detectar y evitar nuevos focos de infección. La información incompleta se puede convertir en un factor de riesgo adicional para la salud pública.

No es apropiado poner en duda la racionalidad de las acciones implementadas hasta el momento, como la suspensión de clases en todo el país, el detenimiento parcial de las actividades económicas y el préstamo que el Banco Mundial hará a México para enfrentar esta contingencia sanitaria. Sin embargo, sí es necesario vigilar que los recursos humanos, económicos y materiales destinados a atender esta situación, sean aprovechados de manera eficaz y transparente.

Es claro que la epidemia, aún si se logra controlar en los próximos días, dejará secuelas importantes en la economía mexicana. Las pérdidas en las industrias del transporte, servicios y entretenimiento ya suman miles de millones de pesos.

Esto no debe ser motivo para rendirnos ni desmotivarnos, sino todo lo contrario. La alerta sanitaria, aunada a la crisis económica, son factores de oportunidad para que los mexicanos finalmente recapacitemos y hagamos todo lo posible por superar las nuevas eventualidades y la constante mediocridad que nos afectan como país.

Cada sector debe colaborar de acuerdo a su ámbito y capacidades. Los servicios médicos deben mantener la eficiencia; los servicios de abastecimiento de agua e infraestructura urbana deben garantizar su óptimo funcionamiento para evitar que la emergencia sanitaria se complique.

Los legisladores deben destinar recursos suficientes para prevención y control de enfermedades infecciosas, vigilar el uso racional y transparente de los recursos destinados a esta emergencia, así como agilizar las cuestiones legislativas que permitan actuar oportunamente ante los efectos de la epidemia.

Y nosotros, como sociedad civil, debemos hacer nuestra parte: acatar con ojo crítico las medidas establecidas por la autoridad, ser prudentes en nuestras acciones cotidianas, exigir información veraz y oportuna, y en general, tomar precauciones sin caer en pánico.