Fuente: Periódico El sol de México. 12 de agosto de 2010.
Ciudad de México.- La estrategia energética hacia la próxima década se encuentra en franca contradicción con el discurso presidencial de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, informó Greenpeace añadiendo que México está permitiendo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aumente el uso del carbón para la generación de energía por razones económicas, sin importar que ese combustible fósil genera una gran cantidad de dióxido de carbono (CO2), principal gas de efecto invernadero.
"El POISE (Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico) planea para 2024 altas inversiones destinadas a centrales carboeléctricas a partir del año 2018 y hasta 2024. Las inversiones para energías renovables, como la eólica, representan apenas la mitad de los fondos destinados a promover más carbón", indicó la organización ambientalista.
"En cuanto a otro tipo de energías renovables, como la solar, ni siquiera se encuentra contemplada dentro del plan de CFE para incrementar su participación dentro de la matriz energética nacional", recalcó Greenpeace.
"México, que pretende tener un liderazgo en el combate contra el cambio climático durante la cumbre del clima de Naciones Unidas, a realizarse en noviembre próximo en Cancún, está dando pasos en contra de lograr ese objetivo al permitir que la Comisión Federal de Electricidad aumente el uso del carbón para la generación de energía por razones económicas, sin importar que este combustible fósil genere una gran cantidad de dióxido de carbono (CO2), el principal gas de efecto invernadero (GEI) que provoca el cambio climático", resaltó el organismo ambientalista en el documento titulado "Golea CFE a México y contribuye al cambio climático".
Destacó que "CFE ha sido distinguida en seis ocasiones con el Premio Nacional de Calidad y haber sido acreedora al premio internacional Corporate Award 2010 como reconocimiento a su compromiso continuo con la sustentabilidad, la protección del medio ambiente y la responsabilidad social. Sin embargo, la paraestatal dista mucho de ser una empresa de clase mundial, si se considera que su contribución en el sector eléctrico mexicano incluye incrementar el calentamiento global del planeta".
12 agosto 2010
09 julio 2010
Carecen de planes de manejo 78% de las áreas protegidas del país
Fuente: Periódico La Jornada, 9 de julio de 2010.
De las 150 áreas naturales protegidas que existen en México, sólo 33 (equivalentes a 22 por ciento) cuentan con planes de manejo de recursos, y las que carecen de este instrumento enfrentan una alta presión por la expansión urbana, aseguró Delfino Madrigal Uribe, investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México.
El especialista de la Facultad de Geografía consideró necesario llevar a cabo diagnósticos del medio físico, biológico y social que permitan la elaboración de programas de manejo en todas las áreas naturales protegidas, que concentran una superficie de 17 millones 856 mil 226 hectáreas.
La falta de planes de manejo de recursos, agregó, viola lo estipulado en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, el cual especifica las actividades que pueden desarrollarse en las zonas de reserva.
Expuso que los defensores del ambiente luchan por que las áreas naturales protegidas permanezcan con la mínima presencia humana. En México, explicó, la repartición de tierras derivada del movimiento revolucionario generó centros de población ejidales dentro de áreas protegidas, lo que dio inicio a la presión sobre los recursos naturales.
Aseguró que ante la depredación de los recursos naturales, es fundamental planear las actividades económicas y de conservación. Para ello propuso promover la investigación, capacitación, participación social y creación de empleos en estas zonas, que “forman parte del sistema económico de cada región”.
De las 150 áreas naturales protegidas que existen en México, sólo 33 (equivalentes a 22 por ciento) cuentan con planes de manejo de recursos, y las que carecen de este instrumento enfrentan una alta presión por la expansión urbana, aseguró Delfino Madrigal Uribe, investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México.
El especialista de la Facultad de Geografía consideró necesario llevar a cabo diagnósticos del medio físico, biológico y social que permitan la elaboración de programas de manejo en todas las áreas naturales protegidas, que concentran una superficie de 17 millones 856 mil 226 hectáreas.
La falta de planes de manejo de recursos, agregó, viola lo estipulado en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, el cual especifica las actividades que pueden desarrollarse en las zonas de reserva.
Expuso que los defensores del ambiente luchan por que las áreas naturales protegidas permanezcan con la mínima presencia humana. En México, explicó, la repartición de tierras derivada del movimiento revolucionario generó centros de población ejidales dentro de áreas protegidas, lo que dio inicio a la presión sobre los recursos naturales.
Aseguró que ante la depredación de los recursos naturales, es fundamental planear las actividades económicas y de conservación. Para ello propuso promover la investigación, capacitación, participación social y creación de empleos en estas zonas, que “forman parte del sistema económico de cada región”.
29 junio 2010
Propone CEMDA a México y EU realizar transición energética
Fuente: Periódico La Jornada. 27 de Junio de 2010
Ecologistas y especialistas en derecho ambiental consideraron que el derrame de petróleo en el Golfo de México debería alertar a los gobiernos para hacer un cambio en las políticas energéticas y fortalecer las medidas de prevención en las explotaciones petroleras.
Ante la catástrofe ambiental, los gobiernos de Estados Unidos y México deberían pensar en una transición energética, porque obtener petróleo a esas profundidades representa un alto riesgo para el medio ambiente, aseguró Gustavo Alanís, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
“Lo que deberían pensar los gobiernos estadunidense y mexicano es que hay que hacer una transición energética, lo que significa avanzar hacia modelos de energías renovables. La voracidad de ir hasta esas profundidades por el recurso natural no se justifica, porque sí hay alternativas energéticas, lo que ocurre es que no ha habido la voluntad ni la disposición política de entrarle al tema de las renovables ”.
Cemda exigió al gobierno mexicano que haga público el programa preventivo de control de riesgo ante el derrame, ya que existen posibilidades de que la mancha de petróleo arribe a aguas nacionales “y a dos meses del derrame aún no sabemos qué va a hacer México en caso de salir afectados ”.
Exigir mayor seguridad a empresas petroleras
Por su parte, la investigadora María del Carmen Carmona, especialista en derecho ambiental del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), agregó que este hecho tiene que servir para exigir mayores medidas de seguridad a las empresas petroleras que utilizan tecnología de explotación en aguas profundas, porque con este desastre han quedado en entredicho los efectos de la teoría del riesgo y del principio precautorio del derecho ambiental.
“El principio precautorio dice que no se necesita tener evidencia científica ni prueba de causa efecto para tomar acciones, porque basta que se perciba el riesgo para que se tengan que tomar las medidas necesarias ”.
Ricardo Padilla y Sánchez, profesor de la Facultad de Ingeniería y jefe de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra de la UNAM, dijo que las corrientes superficiales en el Golfo de México van de Luisiana a Florida, por lo que el primer lugar a donde llegaría la mancha de petróleo sería a Cuba y luego a Yucatán, pero si la época de huracanes del Atlántico se adelanta, la dirección del petróleo llegaría primero de Luisiana a Texas y luego a Tamaulipas. Por lo que, para retrasar la expansión del petróleo hacia México, se debería terminar de perforar los pozos de alivio antes de que comiencen los huracanes.
Ecologistas y especialistas en derecho ambiental consideraron que el derrame de petróleo en el Golfo de México debería alertar a los gobiernos para hacer un cambio en las políticas energéticas y fortalecer las medidas de prevención en las explotaciones petroleras.
Ante la catástrofe ambiental, los gobiernos de Estados Unidos y México deberían pensar en una transición energética, porque obtener petróleo a esas profundidades representa un alto riesgo para el medio ambiente, aseguró Gustavo Alanís, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
“Lo que deberían pensar los gobiernos estadunidense y mexicano es que hay que hacer una transición energética, lo que significa avanzar hacia modelos de energías renovables. La voracidad de ir hasta esas profundidades por el recurso natural no se justifica, porque sí hay alternativas energéticas, lo que ocurre es que no ha habido la voluntad ni la disposición política de entrarle al tema de las renovables ”.
Cemda exigió al gobierno mexicano que haga público el programa preventivo de control de riesgo ante el derrame, ya que existen posibilidades de que la mancha de petróleo arribe a aguas nacionales “y a dos meses del derrame aún no sabemos qué va a hacer México en caso de salir afectados ”.
Exigir mayor seguridad a empresas petroleras
Por su parte, la investigadora María del Carmen Carmona, especialista en derecho ambiental del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), agregó que este hecho tiene que servir para exigir mayores medidas de seguridad a las empresas petroleras que utilizan tecnología de explotación en aguas profundas, porque con este desastre han quedado en entredicho los efectos de la teoría del riesgo y del principio precautorio del derecho ambiental.
“El principio precautorio dice que no se necesita tener evidencia científica ni prueba de causa efecto para tomar acciones, porque basta que se perciba el riesgo para que se tengan que tomar las medidas necesarias ”.
Ricardo Padilla y Sánchez, profesor de la Facultad de Ingeniería y jefe de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra de la UNAM, dijo que las corrientes superficiales en el Golfo de México van de Luisiana a Florida, por lo que el primer lugar a donde llegaría la mancha de petróleo sería a Cuba y luego a Yucatán, pero si la época de huracanes del Atlántico se adelanta, la dirección del petróleo llegaría primero de Luisiana a Texas y luego a Tamaulipas. Por lo que, para retrasar la expansión del petróleo hacia México, se debería terminar de perforar los pozos de alivio antes de que comiencen los huracanes.
26 junio 2010
Desarrollan México y Japón estrategia de adaptación al cambio climático
Fuente: Periódico La Jornada, 26 de junio de 2010.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón promueven un acuerdo de coordinación con autoridades de Campeche, Quintana Roo y Yucatán para desarrollar una estrategia regional de adaptación ante el cambio climático en la Península de Yucatán.
El subsecretario de Planeación y Política Ambiental de esa dependencia, Fernando Tudela, comentó que los resultados se difundirán entre países de Centroamérica y el Caribe, “para plantear un enfoque regional para la adaptación al cambio climático”.
En el contexto de la segunda fase del taller internacional Estrategia de adaptación al cambio climático en la Península de Yucatán, llevado a cabo en el auditorio de la Semarnat, el funcionario sostuvo que en la mayoría de los países la fase de mitigación ha sido la más desarrollada; sin embargo, “ahora se requiere impulsar estrategias de adaptación, porque los efectos del calentamiento global no son asunto del futuro, sino actuales”.
Los riesgos que enfrenta la península de Yucatán tienen que ver con la erosión de la línea costera, la afectación de ecosistemas forestales, acuíferos, aguas subterráneas y elevación de nivel del mar.
Explicó que el Programa Nacional de Cambio Climático estimaba un incremento del nivel del mar de 40 centímetros para la última década de este siglo, pero investigaciones recientes indican que la elevación podría ser mayor: entre 40 y 50 centímetros.
Por ello, dijo, “la adaptación es lograr contener esos procesos y aplicar medidas para que no nos afecte en el proceso de desarrollo”.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón promueven un acuerdo de coordinación con autoridades de Campeche, Quintana Roo y Yucatán para desarrollar una estrategia regional de adaptación ante el cambio climático en la Península de Yucatán.
El subsecretario de Planeación y Política Ambiental de esa dependencia, Fernando Tudela, comentó que los resultados se difundirán entre países de Centroamérica y el Caribe, “para plantear un enfoque regional para la adaptación al cambio climático”.
En el contexto de la segunda fase del taller internacional Estrategia de adaptación al cambio climático en la Península de Yucatán, llevado a cabo en el auditorio de la Semarnat, el funcionario sostuvo que en la mayoría de los países la fase de mitigación ha sido la más desarrollada; sin embargo, “ahora se requiere impulsar estrategias de adaptación, porque los efectos del calentamiento global no son asunto del futuro, sino actuales”.
Los riesgos que enfrenta la península de Yucatán tienen que ver con la erosión de la línea costera, la afectación de ecosistemas forestales, acuíferos, aguas subterráneas y elevación de nivel del mar.
Explicó que el Programa Nacional de Cambio Climático estimaba un incremento del nivel del mar de 40 centímetros para la última década de este siglo, pero investigaciones recientes indican que la elevación podría ser mayor: entre 40 y 50 centímetros.
Por ello, dijo, “la adaptación es lograr contener esos procesos y aplicar medidas para que no nos afecte en el proceso de desarrollo”.
01 junio 2010
Sistema hidroeléctrico afectará a más de un millón de personas
Fuente: Periódco La Jornada Veracruz, 21 de mayo de 2010.
Habitantes de siete municipios de la ribera del río Pescados se manifestaron la mañana de ayer de manera pacífica en contra del proyecto denominado “Sistema Hidroeléctrico Pescados”, que contempla la construcción de seis hidroeléctricas. Ecologistas de la zona afirmaron que si se concreta esta acción se verían afectados más de un millón 200 mil personas de Cosautlán, Tlaltetela, Apazapan, Emiliano Zapata, Rinconada, Coatepec y Jalcomulco.
El proyecto “Sistema Hidroeléctrico Pescados” es promovido por la Comisión Federal de Electricidad, a través de las empresas Manifestación de Impacto Ambiental (MIA); Planeación y Proyectos de la Ingeniería SC y Generadora de Energía S de RL de CV, y se tiene proyectado construir las presas en las comunidades de Barranca Grande, Cosautlán, Limones, Campanacio, Teocelo y Mahuixtlán.
Desde temprana hora, un numeroso grupo de personas de Jalcomulco y de los municipios afectados se reunió a la orilla del río con el fin de realizar una fotografía, que servirá “para crear conciencia entre la gente acerca de la grave problemática si se construye la hidroeléctrica”.
Alejandra Estrada, vocera de “Salvemos la Cuenca”, explicó que existe un comité formado por todos los ejidatarios, comisariados ejidales y habitantes de la cuenca, y sobre todo por las empresas ecoturísticas del lugar, y mencionó que existe una amplia comunicación con todos los municipios de la cuenca para dar a conocer los trabajos que se están haciendo, y dijo que se realizan investigaciones para monitorear el impacto ambiental de estas presas, como la manera en que se ha desarrollado el medio ambiente a la orilla del río, el volumen de agua cuando existe una creciente, pues están recopilando estos datos, con base en estos estudios, que servirán para predecir el impacto ambiental.
Alejandra Estrada señaló que uno de los problemas más graves sería en la pesca, pues este proyecto consumiría 90 por ciento del agua que pasa por el Río de los Pescados, lo cual alteraría el flujo natural del agua que es muy importante no tan sólo en Jalcomulco sino en los demás municipios; asimismo el bajo volumen de agua provocaría que la temporada de sequia fuera mucho más larga, y sobre todo la grave modificación en el ecosistema, pues afirmó que si existe un cambio habrá un desequilibrio natural y catastrófico.
Sin embargo, el Río de los Pescados se encuentra protegido por una veda, “que cuida a toda la cuenca del río de que se hagan construcciones que afecte su flujo de agua, por lo cual se tendría que modificar o echar abajo para instalar las presas. Nos dimos cuenta de que había un proyecto de la instalación de la presas y que necesitaban una modificación a la veda, queremos que la veda se respete y que no se permita la modificación”, pues aseguró que en los próximos años a nivel mundial la situación del agua será un conflicto, lo que se debe hacer es conservar las cuencas como están, pues se corre el riesgo de desaparecer.
Por su parte, el alcalde de Jalcomulco, Gilberto Ruiz Chivis, está en total desacuerdo con la instalación de las hidroeléctricas, pues dijo que en Jalcomulco se vive del agua y de lo que pescamos, asimismo aseguró que 75 por ciento de la gente vive del ecoturismo, pues al mes llegan más de 2 mil turistas y existen 23 empresas ecoturísticas en la región.
Ruiz Chivis aseguró que el delegado de la Conagua en el estado, Víctor Esparza Pérez, reconoció que hay una petición donde se refiere que alguien quiere construir hidroeléctricas, pero reconoció que éstas no son viable, pues hay una prohibición, y que de acuerdo a la ley de aguas nacionales, al estar vedado no es viable ningun proyecto.
Habitantes de siete municipios de la ribera del río Pescados se manifestaron la mañana de ayer de manera pacífica en contra del proyecto denominado “Sistema Hidroeléctrico Pescados”, que contempla la construcción de seis hidroeléctricas. Ecologistas de la zona afirmaron que si se concreta esta acción se verían afectados más de un millón 200 mil personas de Cosautlán, Tlaltetela, Apazapan, Emiliano Zapata, Rinconada, Coatepec y Jalcomulco.
El proyecto “Sistema Hidroeléctrico Pescados” es promovido por la Comisión Federal de Electricidad, a través de las empresas Manifestación de Impacto Ambiental (MIA); Planeación y Proyectos de la Ingeniería SC y Generadora de Energía S de RL de CV, y se tiene proyectado construir las presas en las comunidades de Barranca Grande, Cosautlán, Limones, Campanacio, Teocelo y Mahuixtlán.
Desde temprana hora, un numeroso grupo de personas de Jalcomulco y de los municipios afectados se reunió a la orilla del río con el fin de realizar una fotografía, que servirá “para crear conciencia entre la gente acerca de la grave problemática si se construye la hidroeléctrica”.
Alejandra Estrada, vocera de “Salvemos la Cuenca”, explicó que existe un comité formado por todos los ejidatarios, comisariados ejidales y habitantes de la cuenca, y sobre todo por las empresas ecoturísticas del lugar, y mencionó que existe una amplia comunicación con todos los municipios de la cuenca para dar a conocer los trabajos que se están haciendo, y dijo que se realizan investigaciones para monitorear el impacto ambiental de estas presas, como la manera en que se ha desarrollado el medio ambiente a la orilla del río, el volumen de agua cuando existe una creciente, pues están recopilando estos datos, con base en estos estudios, que servirán para predecir el impacto ambiental.
Alejandra Estrada señaló que uno de los problemas más graves sería en la pesca, pues este proyecto consumiría 90 por ciento del agua que pasa por el Río de los Pescados, lo cual alteraría el flujo natural del agua que es muy importante no tan sólo en Jalcomulco sino en los demás municipios; asimismo el bajo volumen de agua provocaría que la temporada de sequia fuera mucho más larga, y sobre todo la grave modificación en el ecosistema, pues afirmó que si existe un cambio habrá un desequilibrio natural y catastrófico.
Sin embargo, el Río de los Pescados se encuentra protegido por una veda, “que cuida a toda la cuenca del río de que se hagan construcciones que afecte su flujo de agua, por lo cual se tendría que modificar o echar abajo para instalar las presas. Nos dimos cuenta de que había un proyecto de la instalación de la presas y que necesitaban una modificación a la veda, queremos que la veda se respete y que no se permita la modificación”, pues aseguró que en los próximos años a nivel mundial la situación del agua será un conflicto, lo que se debe hacer es conservar las cuencas como están, pues se corre el riesgo de desaparecer.
Por su parte, el alcalde de Jalcomulco, Gilberto Ruiz Chivis, está en total desacuerdo con la instalación de las hidroeléctricas, pues dijo que en Jalcomulco se vive del agua y de lo que pescamos, asimismo aseguró que 75 por ciento de la gente vive del ecoturismo, pues al mes llegan más de 2 mil turistas y existen 23 empresas ecoturísticas en la región.
Ruiz Chivis aseguró que el delegado de la Conagua en el estado, Víctor Esparza Pérez, reconoció que hay una petición donde se refiere que alguien quiere construir hidroeléctricas, pero reconoció que éstas no son viable, pues hay una prohibición, y que de acuerdo a la ley de aguas nacionales, al estar vedado no es viable ningun proyecto.
31 mayo 2010
México, doble cara ecologista
Fuente: Periódico El Universal. 31 de mayo de 2010.
En noviembre de este año México será sede de la 16 Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático, una reunión mundial que tiene la meta de lograr los compromisos de protección al ambiente que no se consiguieron en la pasada cita de Copenhague. México, como anfitrión, tiene la oportunidad de ser un factor decisivo en estas negociaciones que son clave para la salud futura de nuestro planeta. Desafortunadamente, al no predicar con el ejemplo, el gobierno federal está dejando ir la “etiqueta” de país verde que con discursos ha querido construir.
La incongruencia se demuestra con el freno que la Federación impuso al Programa de Ahorro de Energía Eléctrica cuya meta para 2012 era sustituir los 205 millones de lámparas incandescentes que hay en el país por focos ahorradores. Las secretarías de Hacienda, Energía y Economía detuvieron el dictamen en la Cámara de Diputados. A Hacienda le incomoda el costo de la medida, mientras que a Economía le inquieta violar compromisos comerciales.
Eliminar los focos incandescentes, aunque parece una acción sencilla, equivale a dos décadas de la aplicación del Horario de Verano en términos de ahorro de energía, de acuerdo con Greenpeace México. Por ello 30 países han adoptado ya esta alternativa.
No es la primera vez que el gobierno federal actúa contra su discurso. ProÁrbol, considerado por la administración del presidente Felipe Calderón como “el principal programa de apoyo al sector forestal”, presumió ante la ONU de haber plantado cientos de miles de hectáreas de árboles cuando, en realidad, la mayoría de lo plantado murió.
Ocho meses después de evidenciado el fracaso de ProÁrbol, el huracán Ida desnudó otra negligencia, esta vez en la propia sede de la próxima Cumbre contra el Cambio Climático. La Secretaría de Turismo encargó “inyectar” a Cancún casi 3 millones de metros cúbicos provenientes de otras playas. La tercera parte de esa arena se perdió con la erosión. Ahora el gobierno extrae 6.2 millones de metros cúbicos de Cozumel e Isla Mujeres para rellenar Cancún, lo cual, según los biólogos, acabará con la fauna marina del lugar.
La lista sigue con la adquisición de carbón que planea la Comisión Federal de Electricidad para los próximos años —en lugar de fuentes de energía alternativa— así como con los proyectos que tienen Fonatur y CFE en varias zonas de manglar, pese a que el presidente Calderón firmó una estricta ley de protección a ese ecosistema.
México está muy interesado en la próxima cumbre de cambio climático porque le brinda la oportunidad de ser el eje de un cambio mundial importante. El gobierno federal tendrá que hacer en los seis meses siguientes mucho más por el ambiente si quiere ganar la autoridad moral que sus acciones presentes le han restado.
En noviembre de este año México será sede de la 16 Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático, una reunión mundial que tiene la meta de lograr los compromisos de protección al ambiente que no se consiguieron en la pasada cita de Copenhague. México, como anfitrión, tiene la oportunidad de ser un factor decisivo en estas negociaciones que son clave para la salud futura de nuestro planeta. Desafortunadamente, al no predicar con el ejemplo, el gobierno federal está dejando ir la “etiqueta” de país verde que con discursos ha querido construir.
La incongruencia se demuestra con el freno que la Federación impuso al Programa de Ahorro de Energía Eléctrica cuya meta para 2012 era sustituir los 205 millones de lámparas incandescentes que hay en el país por focos ahorradores. Las secretarías de Hacienda, Energía y Economía detuvieron el dictamen en la Cámara de Diputados. A Hacienda le incomoda el costo de la medida, mientras que a Economía le inquieta violar compromisos comerciales.
Eliminar los focos incandescentes, aunque parece una acción sencilla, equivale a dos décadas de la aplicación del Horario de Verano en términos de ahorro de energía, de acuerdo con Greenpeace México. Por ello 30 países han adoptado ya esta alternativa.
No es la primera vez que el gobierno federal actúa contra su discurso. ProÁrbol, considerado por la administración del presidente Felipe Calderón como “el principal programa de apoyo al sector forestal”, presumió ante la ONU de haber plantado cientos de miles de hectáreas de árboles cuando, en realidad, la mayoría de lo plantado murió.
Ocho meses después de evidenciado el fracaso de ProÁrbol, el huracán Ida desnudó otra negligencia, esta vez en la propia sede de la próxima Cumbre contra el Cambio Climático. La Secretaría de Turismo encargó “inyectar” a Cancún casi 3 millones de metros cúbicos provenientes de otras playas. La tercera parte de esa arena se perdió con la erosión. Ahora el gobierno extrae 6.2 millones de metros cúbicos de Cozumel e Isla Mujeres para rellenar Cancún, lo cual, según los biólogos, acabará con la fauna marina del lugar.
La lista sigue con la adquisición de carbón que planea la Comisión Federal de Electricidad para los próximos años —en lugar de fuentes de energía alternativa— así como con los proyectos que tienen Fonatur y CFE en varias zonas de manglar, pese a que el presidente Calderón firmó una estricta ley de protección a ese ecosistema.
México está muy interesado en la próxima cumbre de cambio climático porque le brinda la oportunidad de ser el eje de un cambio mundial importante. El gobierno federal tendrá que hacer en los seis meses siguientes mucho más por el ambiente si quiere ganar la autoridad moral que sus acciones presentes le han restado.
18 mayo 2010
México, primer lugar en consumo de agua embotellada; la demanda crece 40%
Fuente: Periódico La Jornada. 18 de mayo de 2010.
México es el primer consumidor de agua embotellada del mundo, luego de que en cuatro años la demanda creció 40 por ciento. Ello provoca que anualmente se desechen alrededor de 8 mil millones de envases de plástico, que tardan hasta 500 años en degradarse, señaló Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor, en conferencia de prensa.
Explicó que, según el más reciente informe de Beverage Marketing Corporation, entre 2004 y 2009 el consumo anual promedio en el país se elevó 8 por ciento. De ocupar el segundo lugar, aseguró, ahora encabeza la lista. Desplazó a Italia del primer sitio. Cada mexicano bebe 234 litros, 20 por ciento más que los italianos, quienes ingieren alrededor de 191 al año.
En México, con alrededor de la mitad de la población en pobreza, cada familia destina mil 800 pesos a la compra del líquido embotellado, a pesar de que se trata de un derecho.
Alejandro Calvillo explicó que el consumo per cápita del líquido en territorio nacional es de más del doble que en Estados Unidos, donde adquieren 110 litros, y España, 119. Además, lo que se comercializa en México representa 13 por ciento de las ventas mundiales de agua embotellada.
Indicó que las empresas del sector ganan hasta 5 mil por ciento más de lo que invierten. Ejemplificó: Coca-Cola Femsa paga 2 mil 600 pesos por cada una de las 46 concesiones de explotación de aguas subterráneas al año. Sólo en 2007 tuvo ganancias por 32 mil 500 millones de pesos. Otras grandes compañías del área son Pepsi Co, Danone y Nestlé.
Las ventas actuales del líquido embotellado en el país son de 26 mil 32 millones de litros al año, de los cuales, se estima, 18 mil 222 millones fueron comercializados en garrafón y 7 mil 809 millones –30 por ciento– en botellas individuales, explicó.
Se calcula que el año pasado fueron desechadas 7 mil 800 millones de botellas de plástico PET –21.3 millones al día–, lo cual agrava el manejo de la basura, pues además de que se convierten en foco de contaminación tardan años en degradarse. Apuntó que sólo 20 por ciento de envases son reciclados.
Por su parte, Claudia Campero, de Food and Water Watch y de Blue Planet Project –redes internacionales sobre el derecho y cuidado del agua–, explicó que el nivel de consumo del líquido “como mercancía ”, no como derecho humano, tiene de fondo que la población desconfía de la red pública de agua potable. Los pobres siempre son los que sufren por la falta del líquido, ya que por las redes públicas reciben menos y de menor calidad. Además, gastan más para obtener agua en garrafón o en botellas individuales.
Sostuvo: “el derecho humano al agua no sólo es obligación de los gobiernos, sino que ésta sea potable y económicamente accesible. Cuando la gente se ve en la necesidad de comprar el líquido embotellado para beber, claramente se evidencia que no se está respetando esa garantía ”.
Nathalie Seguin, coordinadora de la Red de Acción por el Agua, dijo que habría acceso al agua potable en la red pública de suministro, tanto en casas como en sitios públicos, si se hubieran establecido políticas públicas eficaces para la aplicación progresiva del derecho humano a ese recurso, que México reconoció al firmar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Cuestionó de qué forma se va a garantizar la hidratación de los niños cuando en las escuelas se dejen de expender refrescos, y si ello será con agua embotellada. Los analistas propusieron establecer bebederos en escuelas y parques.
México es el primer consumidor de agua embotellada del mundo, luego de que en cuatro años la demanda creció 40 por ciento. Ello provoca que anualmente se desechen alrededor de 8 mil millones de envases de plástico, que tardan hasta 500 años en degradarse, señaló Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor, en conferencia de prensa.
Explicó que, según el más reciente informe de Beverage Marketing Corporation, entre 2004 y 2009 el consumo anual promedio en el país se elevó 8 por ciento. De ocupar el segundo lugar, aseguró, ahora encabeza la lista. Desplazó a Italia del primer sitio. Cada mexicano bebe 234 litros, 20 por ciento más que los italianos, quienes ingieren alrededor de 191 al año.
En México, con alrededor de la mitad de la población en pobreza, cada familia destina mil 800 pesos a la compra del líquido embotellado, a pesar de que se trata de un derecho.
Alejandro Calvillo explicó que el consumo per cápita del líquido en territorio nacional es de más del doble que en Estados Unidos, donde adquieren 110 litros, y España, 119. Además, lo que se comercializa en México representa 13 por ciento de las ventas mundiales de agua embotellada.
Indicó que las empresas del sector ganan hasta 5 mil por ciento más de lo que invierten. Ejemplificó: Coca-Cola Femsa paga 2 mil 600 pesos por cada una de las 46 concesiones de explotación de aguas subterráneas al año. Sólo en 2007 tuvo ganancias por 32 mil 500 millones de pesos. Otras grandes compañías del área son Pepsi Co, Danone y Nestlé.
Las ventas actuales del líquido embotellado en el país son de 26 mil 32 millones de litros al año, de los cuales, se estima, 18 mil 222 millones fueron comercializados en garrafón y 7 mil 809 millones –30 por ciento– en botellas individuales, explicó.
Se calcula que el año pasado fueron desechadas 7 mil 800 millones de botellas de plástico PET –21.3 millones al día–, lo cual agrava el manejo de la basura, pues además de que se convierten en foco de contaminación tardan años en degradarse. Apuntó que sólo 20 por ciento de envases son reciclados.
Por su parte, Claudia Campero, de Food and Water Watch y de Blue Planet Project –redes internacionales sobre el derecho y cuidado del agua–, explicó que el nivel de consumo del líquido “como mercancía ”, no como derecho humano, tiene de fondo que la población desconfía de la red pública de agua potable. Los pobres siempre son los que sufren por la falta del líquido, ya que por las redes públicas reciben menos y de menor calidad. Además, gastan más para obtener agua en garrafón o en botellas individuales.
Sostuvo: “el derecho humano al agua no sólo es obligación de los gobiernos, sino que ésta sea potable y económicamente accesible. Cuando la gente se ve en la necesidad de comprar el líquido embotellado para beber, claramente se evidencia que no se está respetando esa garantía ”.
Nathalie Seguin, coordinadora de la Red de Acción por el Agua, dijo que habría acceso al agua potable en la red pública de suministro, tanto en casas como en sitios públicos, si se hubieran establecido políticas públicas eficaces para la aplicación progresiva del derecho humano a ese recurso, que México reconoció al firmar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Cuestionó de qué forma se va a garantizar la hidratación de los niños cuando en las escuelas se dejen de expender refrescos, y si ello será con agua embotellada. Los analistas propusieron establecer bebederos en escuelas y parques.
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