APARTHEID CLIMÁTICO

Fuente: Periódico La Jornada. 17 de diciembre de 2011.

Los resultados de la conferencia mundial de cambio climático realizada a principios de diciembre en Durban, Sudáfrica, son una condena a la humanidad, especialmente a los países del Sur más afectados por el caos climático, mientras que los grandes contaminadores evadieron cualquier responsabilidad u obligación y aseguraron los mercados de carbono para seguir lucrando con falsas soluciones a la crisis. Como denunció la red internacional Justicia Climática Ahora, significó el establecimiento de un apartheid climático global para mantener los privilegios de una minoría a costa de todos los demás.

El problema nodal es la ausencia de medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que llevará a un aumento mínimo de 4 grados en la temperatura media global en tan sólo unas décadas. En el último siglo, el capitalismo industrial provocó un aumento de la temperatura promedio de 0.8 grados centígrados, que se traduce en desarreglos climáticos, como huracanes, sequías, inundaciones, menor rendimiento de cultivos, derretimiento de glaciares y de hielos permanentes que liberan grandes cantidades de metano, gas que tiene 20 veces peor efecto invernadero que el dióxido de carbono. Según los reportes científicos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), para que el aumento de la temperatura no supere los 2 grados centígrados al 2100, es necesario reducir las emisiones de gases de 25 a 40 por ciento por debajo de los niveles de 1990. Un aumento de 2 grados tendría consecuencias devastadoras para muchos países, incluso podrían desaparecer estados insulares. Cuatro grados es más de lo imaginable y en algunas zonas, como las más secas de África, se traduciría en aumentos de 7-8 grados.

El protocolo de Kioto estableció metas de reducción obligatorias para los países industrializados con mayores emisiones (listados en su Anexo 1) de apenas 5 por ciento por debajo de los niveles de 1990. Aún así, Estados Unidos –que de todos modos no firmó el protocolo–, exigió que se pudieran usar mecanismos de mercado para la reducción de emisiones, con lo cual muchas supuestas reducciones son solamente transacciones virtuales. Los mercados de carbono no han servido para nada frente a la crisis climática, pero abrieron jugosos frentes especulativos con la venta de créditos de carbono. Con muy malas notas y sin efecto para bajar las emisiones, el Protocolo de Kioto finalizará su primer periodo de compromisos en 2012. Muchos gobiernos de países del Sur querían abrir un segundo periodo de compromisos, con metas mínimas acordes a las necesarias según el IPCC. Pero ya en la conferencia de cambio climático en Cancún en 2010, en lugar de compromisos obligatorios se aceptó declarar promesas, que si se cumplieran (improbable), no llegarían más que a reducciones de 13 a 17 por ciento.

Con un proceso antidemocrático e irregular como en Cancún, en Durban se aprobó de todos modos un segundo periodo del protocolo de Kyoto, pero como un cascarón vacío. Sin metas de reducción, sin compromisos vinculantes, sin mecanismos de control de reducciones del Anexo 1, pero cargando de obligaciones a los demás países que no están entre los contaminadores históricos. Estas medidas aplicarán a todos, aunque teóricamente se dirigen a los países de economías emergentes como China e India, que actualmente están entre los mayores emisores globales, aunque sólo en los últimos años –contra todo el siglo XX de los del Anexo 1– y que las emisiones per cápita de la India son 10 veces menores que las de Estados Unidos. Pese a este acuerdo leonino, que terminó con el principio deresponsabilidades comunes pero diferenciadas que existía en el convenio, igual se retiraron del Protocolo, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Rusia, sumándose a Estados Unidos.

La Unión Europea aprovechó la situación para negociar su firma para un segundo periodo de Kioto, imponiendo sus condiciones: sin metas obligatorias y abriendo un nuevo proceso de negociaciones que sustituya al Protocolo de Kioto en 2020. Este proceso y plazo, que querían todos los países del anexo 1, es para terminar de eliminar cualquier obligación de reducción, presionar a las economías emergentes y traspasar la responsabilidad de la crisis climática a las poblaciones de países pobres del sur, a través de mecanismos de mercado, que nuevamente, favorecen a las trasnacionales de los países industrializados. En lugar de cambiar de modelos de producción y consumo en esos países, se comercia con el espacio que no contaminan los países del Sur, a través de mecanismos altamente perversos como REDD en bosques. Se aseguró además la continuidad y nuevos mecanismos de mercado, se introdujo la discusión de usar agricultura y suelos como sumideros de carbono y se aceptaron tecnologías de alto riesgo, como la captura y almacenamiento de carbono en lechos marinos y formaciones geológicas, tecnología que promueve el uso de más petróleo, gas y carbón, legando el riesgo de escapes catastróficos a generaciones futuras.

Tanto el Fondo Verde para el Clima, como el nuevo Comité de Tecnología quedaron bajo la égida del Banco Mundial, que los usará para imponer más condiciones. Se establecióde facto carta blanca a la transferencia de tecnologías, sin cuestionar patentes ni aplicar el principio de precaución, lo cual resultará en dumping de tecnologías peligrosas, subsidiando a las trasnacionales.

Tanta irresponsabilidad ante las crisis y con las generaciones futuras contrastó con la riqueza de propuestas desde las organizaciones y movimientos sociales, que convocaron a la resistencia contra el nuevoapartheid global.

ALCANZA CUMBRE CLIMÁTICA RESULTADOS ALENTADORES, PERO POCO AMBICIOSOS

Fuente: Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). 11 de diciembre de 2011.

• Avanza acuerdo global pero sin compromiso vinculante de países como Estados Unidos.
• Urgente que México trabaje en implementar acciones para cumplir compromisos internacionales para mitigar emisiones y disminuir la vulnerabilidad.

 
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), considera que la Cumbre de Cambio Climático que concluyó en Durban, Sudáfrica, alcanzó de manera inesperada resultados alentadores aunque poco ambiciosos para el régimen internacional en materia de cambio climático. Sobre todo, marca nuevas pautas para acelerar los procesos nacionales hacia la adopción de políticas tanto para la reducción de emisiones como para disminuir la vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático.

 

Después de haber alargado por más de 24 horas el proceso de negociación, los Estados parte lograron llegar a un acuerdo en el marco de la 17ª Conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático, celebrada en Durban, Sudáfrica de la que se esperaban pocos resultados debido a la falta de claridad en el manejo del proceso y debido al empeño de varios países por bloquear temas esenciales como el financiamiento y la mitigación.

Los resultados fueron la aprobación del paquete de Durban que contiene: el establecimiento de un segundo periodo de compromisos del Protocolo de Kioto (que iniciaría en 2013), único instrumento jurídicamente vinculante; la aprobación del texto del grupo de trabajo de visión de largo plazo, en donde se incluyen diversas acciones y obligaciones que deberán cumplir países en desarrollo con economías en crecimiento como México; y la aprobación del planteamiento de lo que será el nuevo acuerdo jurídicamente vinculante que permitirá conjuntar la visión de los dos primeros instrumentos, a fin de consolidar uno que coadyuve a la estabilización de las emisiones en un nivel que impida el incremento de la temperatura por más de 2º centígrados, mismo que entraría en vigor hasta 2015.

 

Sandra Guzmán, coordinadora del Área de Desarrollo de Políticas Públicas de CEMDA, señaló que, a pesar de lo anterior, "se trata todavía de un paquete que no cumple con las características necesarias para combatir el problema climático de fondo". Ello debido a que el segundo periodo de compromisos del Protocolo de Kioto fue abandonado por Rusia, Canadá, y Japón, además de no haber sido nunca ratificado por Estados Unidos. Esto quiere decir que algunas de los principales emisores no están dentro del único instrumento vinculante. Además, -añadió Guzmán- "dentro del documento de visión de largo plazo, tampoco se establecen metas cuantificadas y obligatorias de reducción para dichos países, aunque establece ciertas líneas de acción para países como China, India, Brasil, Sudáfrica e incluso México, cuyo crecimiento está contribuyendo de manera significativa con el problema".

 

Por otro lado, la aprobación del Fondo Verde resulta de vital importancia para el diseño de la arquitectura financiera internacional para combatir el cambio climático. Sin embargo, el reto para 2012 es alcanzar los acuerdos necesarios para que no se constituya un fondo vacío como el que existe actualmente, sino que se tenga certeza sobre el origen de las fuentes que lo alimentarán, pues hasta el momento los países no han comprometido recursos para su capitalización, excepto el recurso que Alemania y Corea del Sur ofrecieron para comenzar con la operación del mismo.

 

Esto quiere decir, continuó Sandra Guzmán, que "aunque se haya aprobado el paquete, la tendencia de las emisiones por la falta de ambición en los acuerdos, aún nos mantiene en el escenario de incremento de 4º C en la temperatura, lo que nos obliga a presionar con fuerza para que las cosas pendientes puedan resolverse en la COP18 que se celebrará en Doha, Catar en 2012".

 

Por todo lo anterior, CEMDA considera que Durban fue un paso importante en el camino hacia el establecimiento de un régimen cada vez más ambicioso y jurídicamente vinculante; pero sigue siendo fundamental que estos acuerdos se traduzcan en acciones dentro de los países.

 

En el caso de México -quien fue presidente de la COP durante 2011 y ha mantenido un papel proactivo en el ámbito nacional-, debe mostrar al mundo que los compromisos con el tema son reales y que realizará acciones para hacer efectivos estos acuerdos. Las transformaciones necesarias son muchas, pero México tiene grandes oportunidades de acción tanto en el corto como en el mediano plazo, entre las de mayor relevancia para este periodo gubernamental se encuentran al menos 6 medidas que de cumplirse pueden marcar una buena tendencia de transición hacia el siguiente periodo de gobierno:

 

1.La aprobación y la publicación de una norma de eficiencia vehicular para vehículos ligeros;

2.La aprobación de la Ley General de Cambio Climático en la Cámara de Diputados.

3.La reducción paulatina de subsidios a los combustibles fósiles y el establecimiento de un esquema para que este recurso puede eventualmente dar apoyos a la transición energética;

4.La elaboración de un plan para el desarrollo bajo en carbono de México que permita dar permanencia a las acciones exitosas incluyendo los sectores energético y de transporte;

5.El establecimiento de un esquema para transparentar y mejorar el manejo de los recursos para la atención del cambio climático, tanto los asignados en el presupuesto (mismos que deben ampliarse) como los que provengan de la cooperación internacional.

6.El fortalecimiento de las instituciones para lograr un combate transversal e integral del problema.

 

México tiene grandes retos y de las acciones nacionales dependerá una contribución efectiva con el régimen internacional que se vio seriamente amenazado en Durban, pero que logró traer nuevamente esperanza hacia el final de los trabajos de negociación.

 

CEMDA hace un llamado a la Presidencia de la República y a todos los actores que tienen responsabilidad y obligaciones en la lucha contra el cambio climático -diputados, senadores, académicos, sector privado y sociedad civil- para que trabajemos de manera conjunta y responsable en alcanzar las metas de mitigación propuestas y los planes de adaptación que permitan reducir la vulnerabilidad del país y asegurar una mejor calidad de vida a las futuras generaciones. 

Senado aprobó nueva Ley de Cambio Climático

Ayer, 6 de diciembre, el Senado de la República aprobó la expedición de un nuevo ordenamiento llamado "Ley General de Cambio Climático". A continuación 2 notas al respecto:


Periódico Reforma


Luego de cinco años de discusiones, el Senado aprobó ayer con 76 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones la Ley General de Cambio Climático.




Resultado de siete iniciativas de las fracciones del PRI, el PAN, el PRD, el PVEM y el PT, la nueva ley -que fue turnada a la Cámara de Diputados- establece una Comisión Intersecretarial y un Consejo de Cambio Climático. Cambia además el nombre del Instituto Nacional de Ecología (INE) por el de Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).


Define como principios de la Política Nacional de Cambio Climático la sustentabilidad en el aprovechamiento de los ecosistemas; la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad en la protección del medio ambiente y la precaución cuando haya amenaza de daño grave o irreversible.


Plantea entre las acciones de adaptación frente al cambio climático la determinación de la vocación natural del suelo, el ordenamiento ecológico del territorio, la restauración de ecosistemas, la rehabilitación de playas y la protección de zonas inundables.


Las autoridades federales, estatales y municipales, indica, deberán elaborar atlas de riesgo que consideren la vulnerabilidad frente al cambio climático.


"La Política Nacional de Mitigación del Cambio Climático deberá incluir el diagnóstico, medición, monitoreo, reporte, verificación y evaluación de las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero", indica el artículo 34.


"Esta política deberá establecer metas de reducción específicas y obligatorias", agrega.


La nueva normatividad plantea además la reducción gradual de los subsidios a los energéticos.


El panista Alberto Cárdenas, presidente de la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado, señaló que con la aprobación se modifican entre 35 y 40 leyes federales para adecuar el marco normativo federal a las necesidades de adaptación y a la mitigación.


"Refuerza de manera importante las acciones para promover las energías limpias y renovables", sostuvo.


"Debemos y podemos planear y convertir nuestras ciudades para que sean más habitables, más seguras, más humanas y con menos emisiones de carbón".


El legislador destacó que las acciones para enfrentar el cambio climático plantean también una oportunidad de negocios.


"El cambio climático también hay que verlo como una oportunidad de desarrollo, verde, y sustentable para México", apuntó.


En tanto el senador petista Ricardo Monreal criticó que en el dictamen no se establezcan planes para la utilización racional de los recursos naturales con los que cuenta el país.


"El dictamen que estamos discutiendo no considera en su desarrollo de manera consistente, ni la creación de condiciones para el uso racional de los recursos naturales, ni el crecimiento económico del país, menos aún la generación de empleos ni reducción de la pobreza. Ni qué decir de la autosuficiencia alimentaria y la planeación demográfica", señaló.


La ley aprobada en el Senado establece una Comisión Intersecretarial de Cambio Climático integrada por:  Semarnat, Sagarpa, Ssa, SCT, SE, Sectur, Sedesol, Segob, Semar, Sener, SEP, SHCP, SRE.




Periódico La Jornada


El Senado aprobó ayer la Ley General de Cambio Climático, cuya finalidad es reducir la vulnerabilidad de los sistemas humanos y naturales del país, ante el reto que impone el calentamiento global. El nuevo ordenamiento jurídico regula las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.




Dispone que los tres órdenes de gobierno concurrirán para aplicar políticas de protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico. Crea el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, instituye un fondo para el cambio climático y el Registro Nacional de Emisiones.


Determina sanciones de mil a 30 mil días de salario mínimo para las personas físicas o morales que no entreguen la información que se les solicite o por falsear datos, independientemente de cualquier responsabilidad civil o penal que se pudiera derivar, y en caso de reincidencia el monto de la multa podrá ser hasta el triple de lo originalmente impuesto.


Se aprobó en lo general con 76 votos en favor, dos en contra y cinco abstenciones, y se turnó a la Cámara de Diputados para continuar el trámite legislativo.


Los senadores destacan en las consideraciones de la ley referida que el Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012 indica que México ocupa el lugar mundial 13 por sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). “La ubicación geográfica, la desigualdad social, la falta de infraestructura, entre otros factores, hacen al país vulnerable a los efectos del cambio climático.


En un escenario de incremento de la temperatura de dos grados centígrados se prevé que el territorio nacional experimente impactos de índole ambiental, social y económica estrechamente vinculados. Algunos de esos cambios son: “Alteración de los patrones de lluvia con incremento en la zona noroeste del país y del mar Caribe; incremento en el número e intensidad de ciclones tropicales y huracanes; reducción en la precipitación en las regiones hidrológicas de Baja California, noroeste, Pacífico norte, cuencas centrales del norte y valle de México; la actividad agrícola, particularmente la de temporal, puede experimentar una productividad decreciente e incluso pérdida de cosechas.


“Las actividades silvícolas enfrentarán la amenaza de los incendios forestales y aparición de plagas; las actividades pesqueras experimentarán reducción de las capturas debido a la migración de especies comerciales hacia zonas oceánicas más favorables; incremento de la morbilidad y mortalidad por olas de calor, enfermedades gástricas y respiratorias agudas y crónicas, particularmente en los grupos de población más vulnerables.


El incremento en el número de personas en condiciones de pobreza, especialmente alimentaria y de capacidades como consecuencia de la disminución de la producción de alimentos y por el desplazamiento de poblaciones hacia zonas no afectadas por desastres naturales asociados al cambio climático.


Durante la discusión en el pleno, se hicieron 16 reservas: nueve del coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal; cuatro del perredista Tomás Torres, y tres del panista Alberto Cárdenas Jiménez. Las únicas aceptadas para su discusión fueron las del PAN y se aprobaron cambios a los artículos 29, 34 y 35 del dictamen, para que en la formulación de la política respectiva se tome en cuenta el compromiso para lograr la sustentabilidad del desarrollo económico, sin vulnerar la competitividad frente al mercado internacional.


En tribuna, el senador Monreal dijo que “los peores enemigos del deterioro ambiental son el desempleo, la pobreza y la falta de conocimiento, pues los hábitos de consumo promueven y provocan más de 53 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero cuestionó que en el dictamen a discusión no se tomó en cuenta el desarrollo sustentable, la creación de condiciones para el uso racional de los recursos naturales, el crecimiento económico y generación de empleos, reducción de la pobreza, autosuficiencia alimentaria y la planeación democrática.


Cárdenas Jiménez expuso que México es uno de los cinco países más vulnerables al cambio climático por su biodiversidad, posición geográfica, pobreza, así como por los asentamientos humanos en zonas de riesgo.

Diputados aprueba reforma para impulsar renovables en alumbrado público

por Raúl Guzmán Enzástiga

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer, 29 de noviembre, el Dictamen con Proyecto de Decreto que adiciona la fracción VII al artículo 24 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

 

La iniciativa que dio origen a este dictamen fue presentada el 19 de enero de 2011, por los diputados Juan José Guerra, Alberto Emiliano Cinta y Rafael Pacchiano , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.


Falta que la reforma sea discutida en el Senado, para que la propuesta se convierta en Ley vigente, en caso de ser aprobada.

 

¿Qué se propone?
 

• Establecer que no se requerirá de permiso de la Comisión Reguladora de Energía, para celebrar contratos de interconexión para el autoabastecimiento de energía eléctrica con energías renovables o cogeneración, de los inmuebles utilizados por la federación, los estados y los municipios, así como para el alumbrado público.
• Facultar a la Secretaría de Energía para promover e incentivar la generación de electricidad a partir de energías renovables y cogeneración, destinada al autoabastecimiento de los inmuebles utilizados por la federación, los estados y los municipios, así como para el alumbrado público en todo el territorio nacional.

 
¿Por qué es importante?
 
Primero, porque se requiere impulsar la generación de electricidad a partir de energías renovables y cogeneración, para contribuir a reducir las emisiones contaminantes, que se generan con la electricidad producida a base de combustibles fósiles convencionales.

Además, los estados y municipios que implementen energías renovables, experimenten ahorros significativos en sus finanzas públicas, al autoabastecerse con fuentes de energía más limpias y más económicas que la electricidad que compran actualmente a CFE.

Cabe mencionar que de las diversas propuestas que contenía la iniciativa para promover el uso de energías renovables en el alumbrado público e instalaciones gubernamentales, el dictamen se redujo solamente a consolidar en el Presupuesto de Egresos de la Federación, recursos para "Promover e incentivar la generación de energía eléctrica mediante fuentes renovables destinada para el autoabastecimiento en inmuebles de la federación, estados y municipios; así como alumbrado público".

Ejemplo de arbotantes alimentados con energía solar.

Llamado de ambientalistas para lograr acuerdo global en Durban

Fuente: Periódico La Jornada. 28 de noviembre de 2011.

• Da inicio hoy la 15 Conferencia de las Partes COP17 y la del Protocolo de Kyoto.
• Necesitamos un “marco legalmente vinculante”: Chris Huhne.
• Llamado al gobierno de México a cumplir con los grandes pendientes para abordar el problema climático.

 Manifestantes portan una manta en la que se lee: Camino al futuro mientras avanzan sobre una línea azul que pintó en el suelo el artista sudafricano Strijdom van der Merwe, la cual simboliza el ascenso en el nivel del mar a causa del cambio climático.

Este lunes, que comienza en Durban, Sudáfrica, la cumbre de cambio climático, organizaciones ambientalistas apremiaron a las naciones a llegar a acuerdos para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y lograr un acuerdo global ante los daños que han dejado los desastres naturales en los años recientes y las sequías que se presentan en varias regiones del mundo.

 

Incluso Gran Bretaña señaló que, en Durban, Sudáfrica, necesitamos que las grandes economías se comprometan en un marco legalmente vinculante”, de acuerdo con Chris Huhne, secretario británico de Cambio Climático y Energía.

 

En Durban se llevará a cabo durante dos semanas la 15 Conferencias de las Partes (COP-17) de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y también la conferencia del Protocolo de Kyoto, cuyo primer periodo de compromisos vence el año próximo. Este acuerdo fue firmado por 156 países, pero Estados Unidos y Australia no lo ratificaron, en él se fijó la reducción de emisiones de GEI en 5.2 por ciento respecto de 1990.

 

Chris Huhne señaló que un acuerdo global que “incluya a las principales economías no es un lujo. Es una necesidad absoluta. El Reino Unido siempre ha buscado un acuerdo legalmente vincularte en el marco de Naciones Unidas, porque ningún problema internacional importante se ha resuelto sin un acuerdo así”.

 

Reconoció que el momento es difícil, porque “Europa está inmersa en una crisis monetaria de proporciones mayores. Estados Unidos está preocupado por la falta de empleo, el bajo crecimiento y una difícil elección presidencial. Por su parte, Medio Oriente y el norte de África están consumidos por el debate alrededor de sus reformas políticas”.

 

El Reino Unido y Europa quieren un segundo periodo de compromiso de Kyoto; la Unión Europea ya ha rebasado el objetivo de este acuerdo, pero sin el compromiso de los grandes emisores de carbono y economías emergentes, “no podremos avanzar mucho”, dijo Huhne en el discurso ante el Instituto Grantham que dio hace unos días, y que fue divulgado por la sede diplomática de Gran Bretaña en México.

 

A su vez, Greenpeace señaló, en un comunicado, que ya es hora de que “nuestros gobiernos dejen de escuchar a las empresas contaminantes, que emiten grandes cantidades de bióxido de carbono a la atmósfera, y que empiecen a escuchar a las personas que desean poner fin a nuestra dependencia de los combustibles fósiles y que tomen acciones reales e inmediatas para enfrentar el cambio climático”.

 

De esta ronda de conversaciones climáticas debe salir una clara hoja de ruta con bases científicas, para lograr un acuerdo global justo, ambicioso y legalmente vinculante, que garantice que todos los países tomen medidas para reducir drásticamente las emisiones de gases efecto invernadero, añade el organismo.
 África, asolada por sequías, ya sufre graves injusticias sociales y ecológicas. “Es la región más afectada, y países como Estados Unidos tienen que dar un paso más y ayudar al mundo a redoblar esfuerzos para enfrentar el caos climático”, dijo Kumi Naidoo, director ejecutivo de Greenpeace Internacional.
 Estados Unidos aún es el mayor emisor de bióxido de carbono, el principal detonante de gas efecto invernadero, seguido de China, y si no se compromete, es hora de que gobiernos de la Unión Europea, India y otros sigan adelante, agregó.
 En tanto, las organizaciones que conforman el grupo de Financiamiento para Cambio Climático en México –Centro de Colaboración Cívica, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Centro de Transporte Sustentable, la Fundación Heinrich Böll y Fundar, entre otras– llamaron al gobierno mexicano a cumplir con los grandes pendientes que tiene para abordar de manera integral el problema climático en el país.
 Indicaron en un comunicado que aunque México fijó metas de reducción de emisiones de gases (30 por ciento a 2020 y 50 por ciento a 2050) y promovió la aprobación de un mecanismo de financiamiento integral, el Fondo Verde del Clima, para que los países desarrollados provean de recursos económicos a naciones en desarrollo, el país “no ha logrado una clara definición del manejo que hará de sus recursos”.

 

Diputados aprueban reforma sobre cambio climático en el sector salud

por Raúl Guzmán Enzástiga

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó hoy, 23 de noviembre, el Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de cambio climático.

 

La iniciativa que dio origen a este dictamen fue presentada el 19 de enero de 2010, por los diputados Carlos Alberto Ezeta y Alejandro Del Mazo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Falta que la reforma sea discutida en el Senado, para que la propuesta se convierta en Ley vigente, en caso de ser aprobada.

¿Qué se propone?

• Incluir en los objetivos del sistema nacional de salud, así como en la investigación, promoción y educación de la salud las medidas de adaptación de la población a los efectos del cambio climático.
• Facultar a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, para desarrollar investigación permanente y sistemática de los riesgos y daños para la salud de la población que originen la contaminación del ambiente y los efectos del cambio climático.

¿Por qué es importante?


 El cambio climático es una amenaza significativa para la salud humana, causando vulnerabilidad de las poblaciones, debido a los fenómenos meteorológicos extremos y a la redistribución de enfermedades infecciosas, como consecuencia de la alteración de los patrones "normales" de lluvias y sequías.

Ante este escenario, las autoridades del sector Salud juegan un papel importante en las labores de adaptación al cambio climático, principalmente:

• Determinar y evaluar los riesgos sanitarios a los que se encuentra expuesta la población en caso de eventos provocados por fenómenos naturales originados por cambio climático.
• Formular programas para la atención y control de los efectos nocivos del ambiente en la salud, que consideren entre otros aspectos del cambio climático.

Esta reforma a la Ley General de Salud permitirá facultar al sector para implementar desde su ámbito, acciones contra el cambio climático.


 

Diputados aprueban reforma para reducir emisiones de la aviación

por Raúl Guzmán Enzástiga

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó hoy, 17 de noviembre, el Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil.

La iniciativa que dio origen a este dictamen fue presentada el 19 de enero de 2011, por el diputado Juan José Guerra Abud, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Falta que la reforma sea discutida en el Senado, para que la propuesta se convierta en Ley vigente, en caso de ser aprobada.

¿Qué se propone?

• Facultar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para expedir y aplicar, en coordinación con las secretarías competentes, las medidas y normas de seguridad e higiene y en materia ambiental.
• Establecer convenios o acuerdos de coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para promover la eficiencia en las operaciones e infraestructura aeroportuaria, con el fin de reducir el ruido y las emisiones contaminantes en los servicios de transporte aéreo.
• Establecer que las concesiones o los permisos de aviación civil se podrán revocar por infringir las medidas y normas de seguridad, higiene y protección al ambiente en materia de aeronavegabilidad.

¿Por qué es importante?

Actualmente la aviación genera el 2% de las emisiones totales a nivel mundial. Por ello, IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) e ICAO (Organización Internacional de Aviación Civil) han fijado diversas metas para reducir estas emisiones mediante esfuerzos coordinados a nivel internacional.

El siguiente gráfico muestra las principales líneas de acción que propone IATA para reducir las emisiones de CO2:

La reforma a la Ley de Aviación Civil permitirá actualizar la legislación mexicana, en concordancia con las medidas que ya se implementan a nivel internacional.



Mayor información:
 
Iniciativa del PVEM
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/ene/20110119-II.html#Iniciativa5
IATA. 2010. A global approach to reducing aviation emissions
http://www.iata.org/SiteCollectionDocuments/Documents/Global_Approach_Reducing_Emissions_251109web.pdf

Excesiva, la quema y venteo de gas en Chicontepec

por Raúl Guzmán Enzástiga

La Comisión Nacional de Hidrocarburos reporta que hasta agosto de 2011, el Activo Integral “Aceite Terciario del Golfo”, mejor conocido como Chicontepec, es responsable del 10% de las emisiones nacionales de gas natural a la atmósfera, debidas a la quema y venteo. Por su parte el Activo Cantarell participa con el 55% de las emisiones y el restante 35% corresponde a los demás yacimientos.

Emisiones nacionales de gas natural por quema y venteo:

De este modo, la quema y venteo es un problema persistente que no ha sido resuelto. En el año 2000 se tenía planeado que para 2006 se resolvería el problema, fijando un límite o “techo” nacional de 40 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd). Esto no ocurrió.



Actualmente, el 5º Informe de Labores de SENER indica que en 2011, el techo nacional está fijado en 154 mmpcd sin considerar el activo Cantarell, cuya meta es reducir a 51 mmpcd en octubre de 2011.



El Informe presume que las metas se han cumplido, ya que hasta junio de 2011, el promedio de quema y venteo en los yacimientos del país fue de 113 mmpcd. Sin embargo, se omite mencionar que la evolución de la quema y venteo en Chicontepec, no es favorable, de acuerdo a los reportes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.



Se observa que desde abril de 2010, Chicontepec no ha cumplido sus metas de reducción de quema y venteo de gas. Además, en enero de 2011 las metas de todo el año fueron reprogramadas para ajustarlas a las cifras reales, y aún con el reajuste, las metas siguen sin cumplirse.

Evolución de quema y venteo en Chicontepec:

A pesar de esto, durante la comparecencia del titular de PEMEX ante la Cámara de Diputados el pasado 19 de octubre, no se observó ninguna intención de la paraestatal de modificar oportunamente la tendencia que se observa actualmente en la quema y venteo, por lo cual Chicontepec seguirá desperdiciando gas natural en vez de recuperarlo para se aprovechado en la generación de electricidad o procesos industriales térmicos.

Más información:

Periódico La Jornada: Quema PEMEX más gas de lo permitido" http://www.jornada.unam.mx/2011/10/25/economia/022n2eco

Comisión Nacional de Hidrocarburos: Seguimiento a los programas de quema y venteo de gas natural. Agosto de 2011 http://www.cnh.gob.mx/_docs/QuemaVto/Reporte_Quema_y_venteo_2011_08.pdf

PEMEX. Comparecencia ante las Comisiones Unidas de Energía y de Hacienda y Crédito Público. 19 de octubre de 2011
http://www.pemex.com/files/content/comparecencia_111019.pdf

Monsanto, lobo con disfraz de oveja, se infiltra en Iniciativa México

Fuente: Greenpeace México.

Esta transnacional ha dado financiamiento al proyecto de Maíces Mexicanos y no desinteresadamente ya que a través de éste, tendría acceso a la información genética de las variedades nativas de maíz y con ellas a investigar y desarrollar tecnología en su propio beneficio.

Monsanto, con sus maíces transgénicos, es la peor amenaza a los maíces nativos y el proyecto Maíces Mexicanos es el disfraz que utiliza Monsanto para posicionarse y apropiarse de la diversidad genética de nuestro maíz por eso en Greenpeace te pedimos que nos ayudes a frenar esta iniciativa.

La empresa transnacional controla alrededor de 90 por ciento del mercado mundial de semillas transgénicas y en México es la principal beneficiaria de los permisos de siembra experimental de maíz transgénico. A fin de obtener ganancias, Monsanto hace lo que sea: no duda en violar la ley, sobornar funcionarios, afectar la salud de la gente o contaminar el ambiente. A lo largo de su historia, Monsanto ha acumulado un sucio expediente de hechos, irregularidades y sanciones.

Pídele a Iniciativa México y a los miembros del consejo que no se contaminen con Monsanto.

Envíale esta petición a través de sus muros de facebook y twitter a:

Iniciativa México Facebook: Iniciativa México Twitter: @iniciativamex

Emilio Azcárraga Jean Twitter: @eazcarraga

Ricardo Salinas Pliego Facebook: Ricardo Salinas Pliego Twitter: @RicardoBSalinas

Jorge Garralda Twitter: @jorgegarralda

Yoloxóchitl Bustamante Díez Facebook: Yoloxóchitl Bustamante Díez

Dr. Rafael Rangel Sostmann Facebook: Rafael Rangel Sostmann

Hector Aguilar Camín Facebook: Hector Aguilar Camín Twitter: @aguilarcamin

Ashoka México y Centroamérica Facebook: Ashoka México y Centroamérica

Internet «calienta» el mundo

Fuente: Resumen de Noticias Ambientales PNUMA/ORPALC

La gran red ha traído beneficios, pero su consumo energético crece aceleradamente. Hacer una búsqueda con Google, contactar amigos en Facebook o ver un video en YouTube, requiere de electricidad y provoca la emisión de gases que contribuyen al calentamiento global.


El auge del sector de las tecnologías de la información es colosal: entre 2000 y 2010 el tráfico en Internet creció 200 veces; cada segundo se envían tres millones de correos electrónicos; diariamente se crean 500 000 cuentas en Twitter; más de 2 000 millones de personas tienen acceso a la red de redes; para el año 2015 habrá 3 000 millones de usuarios; y el tráfico alcanzará la cifra de 966 exabytes (un trillón) según Cisco, una importante compañía de redes y sistemas.

Las tecnologías informáticas nos permiten «bajar» de Internet la información que necesitamos con relativa facilidad, según el ancho de banda disponible. La información podría estar almacenada en uno de los servidores de Google instalado en un centro de datos situado en China, Finlandia o Estados Unidos. Como la electricidad que usan nuestras computadoras y el centro de datos no se genera cerca de nosotros, no podemos ver la contaminación atmosférica creada y es difícil que nos inquiete saber cuánta energía se usa y en qué medida contribuye Internet a ensuciar la atmósfera y calentar el mundo.

Muchos piensan que el impacto ambiental de Internet es muy pequeño respecto a otros sectores. Otros argumentan que beneficios como el comercio electrónico, buscar información sin ir a la biblioteca, trabajar desde la casa, hacer una maestría a distancia en una universidad de otro país y las ventajas de las redes sociales o el correo electrónico son tantas, que no vale la pena cuestionarse si Internet contamina o usa demasiada electricidad.

Sin embargo, expertos de prestigiosas instituciones científicas estudian el asunto desde hace una década, pues no parece trivial.

Paradoja

El sector de las telecomunicaciones globales y los centros de datos ocupan el quinto lugar por su consumo de energía detrás de Estados Unidos, China, Rusia y Japón.

Empresas como Amazon.com, Google, Microsoft, Apple, IBM o Facebook consumen gran cantidad de electricidad producida a partir de carbón mineral. Las computadoras, iPhones, servidores, equipamiento de redes, etc., necesitan electricidad para funcionar y para extraer la energía térmica que desprenden durante su funcionamiento, como es el caso de los servidores.

Jafaar Elmirghani, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Leeds, Reino Unido, afirma que Internet es vital para reducir las concentraciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera, pero paradójicamente contribuye a aumentarlas.

Jonathan G. Koomey, profesor consultante de la Universidad de Stanford, California, investiga sobre el consumo eléctrico de las tecnologías de la información y concluyó en un estudio titulado Growth in data center electricity use 2005 to 2010, que la cantidad de energía eléctrica empleada por los centros de datos en EE.UU. es un dos por ciento del consumo de ese país.

Aunque la tendencia de crecimiento se desaceleró en la segunda mitad de la pasada década, el consumo de electricidad de los centros de datos en Estados Unidos creció poco más de 200 por ciento en ese período. A nivel mundial Internet requiere del 1,3 por ciento de la electricidad producida, tanta como la que entregan todos los aerogeneradores del planeta.

Los servidores y dispositivos de redes de los centros de datos que almacenan la información de millones de sitios web y miles de millones de fotos y videos, son cada vez más eficientes. Pero siempre hay más usuarios, más computadoras y más conexiones, lo que crea más tráfico de información y necesidad de más servidores y centros de datos operando para cubrir la demanda. El uso total de energía se dispara.

Según el reporte Make IT Green. Cloud Computing and its Contribution to Climate Change, publicado en marzo del 2010, Greenpeace estima que el consumo de electricidad de los centros de datos crecerá en un 200 por ciento para 2020.

Pike Research, una firma dedicada a la inteligencia de mercado en el sector de las tecnologías limpias, asegura por el contrario que los beneficios de la eficiencia energética en los centros de datos serán sustanciales, y predice una reducción del consumo energético de 31 por ciento en 2020.

El sitio www.Earth911.com publicó declaraciones de Urs Hoelzle, vicepresidente del Departamento de Infraestructura Técnica de Google, quien reconoce que en 2010 «la compañía empleó 2,2 millones de megawatt-hora de electricidad y sus centros de datos demandan una potencia instantánea promedio de 260 MW», suficiente para 200 000 viviendas en EE.UU».

El coeficiente de eficiencia de los centros de datos, conocido por sus siglas en inglés PUE (Power Usage Effectiveness), evalúa cuán eficientemente se usa la energía eléctrica en un centro de este tipo. Según el Uptime Institute, un estudio realizado en 500 centros de datos arrojó que el PUE promedio es 1,8. El centro de datos de Yahoo! en Lockport, New York, tiene un PUE de 1,08, pues utiliza ventilación natural para climatización.

Cambio climático

Cada clic en Google requiere de 0,003 kWh, lo que provoca la emisión de 0,2 gramos de dióxido de carbono. Esto es si solo hacemos un clic, pero una búsqueda completa requiere de varios clics y entonces la cifra puede llegar a siete gramos de CO2 emitidos a la atmósfera por búsqueda, según afirmó en un estudio Alex Wissner-Gross, físico de la Universidad de Harvard, en EE.UU.

Así parece una cifra muy pequeña, pero si consideramos que cada día Google gestiona cerca de mil millones de búsquedas en todo el mundo, entonces su empleo provoca la emisión a la atmósfera de unas 7 000 toneladas de GEI diariamente.

Un artículo publicado en la página web del The New York Times reflejó que Google estima que sus emisiones totales de CO2 en 2010 fueron de 1,46 millones de toneladas, la mayor parte imputables a los combustibles fósiles usados para dar energía eléctrica a sus centros de datos.

Directivos de dicha empresa expresan que el 25 por ciento de su consumo eléctrico fue suministrado por fuentes renovables en 2010 y que el componente de energías renovables en su matriz de consumo energético podría llegar a 30 por ciento este año.

Según Carrie Ann, del sitio www.industryleadersmagazine.com, Urs Hoelzle asegura que Google es una compañía «carbono neutral», o sea que sus emisiones netas de GEI son iguales a cero, ya que la compañía emplea electricidad procedente de fuentes renovables, compra «bonos de carbono» y tiene los centros de datos más eficientes del mundo, como el de Hamina, en Finlandia, para cuya climatización se bombea agua de mar.

Redes gastadoras

Acceder a las redes sociales es algo común para más de 900 millones de personas en el mundo. Dos terceras partes de estas personas son usuarias del sitio web Facebook, en cuyos servidores se colocan cada mes, como promedio, unos 850 millones de fotos y sus usuarios pasan más de 700 000 millones de minutos departiendo con sus amistades.

Facebook ha reconocido que su factura eléctrica es de un millón de dólares. YouTube, un sitio web creado en 2005, adquirido por Google en 2006 y el tercer sitio web más grande del mundo, también posee un alto consumo de energía eléctrica.

Sus estadísticas evidencian que cada minuto se «suben» a YouTube unas 48 horas de video desde todos los rincones del planeta, un 500 por ciento de crecimiento desde 2007. Unos 3 000 millones de videos son vistos cada día por los usuarios de YouTube, por lo que se emiten unas 6 000 toneladas diarias de GEI.

Por otro lado, los sistemas de comunicación on-line más sofisticados, como la videoconferencia o la telefonía sobre Internet conocidos como VoIP (Voice over Internet Protocol), requieren de más ancho de banda y de mayor equipamiento en servidores y conmutadores. Esto implica mayor consumo eléctrico y emisiones contaminantes, aunque también se ahorra al evitar que las personas viajen para reunirse.

El entretenimiento en línea (juegos por Internet), una opción muy popular en países desarrollados, también contribuye a calentar el planeta. En un juego de realidad virtual como Second Life, se necesitan más de 1,7 MWh para mantener un personaje durante un año.

Gartner Inc., líder mundial en investigación y asesoramiento en el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), estima que las emisiones de GEI de esta industria son cercanas al dos por ciento, comparables a las producidas por la aviación.

Greenpeace ha señalado que en 2007 las emisiones globales de las TIC ascendieron a 830 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, y para 2020 serán de 1 430 millones de toneladas. ¡Un 72 por ciento de aumento cuando más necesitamos reducir la cantidad de GEI en la atmósfera para evitar una catástrofe climática!

Renovables

Las compañías de Internet buscan proveerse de energía eléctrica barata, lo que no siempre significa que esta proceda de fuentes «limpias». Facebook tuvo que enfrentar las críticas de sus usuarios y de Greenpeace, al escoger como suministrador de energía de su centro de datos en Oregón, EE.UU., a una compañía que basa su producción de electricidad en el empleo del más sucio de los combustibles fósiles.

Las compañías de Internet también usan electricidad procedente de fuentes renovables. Yahoo! encabeza la lista con 55,9 por ciento y se propone reducir las emisiones de GEI asociadas a sus centros de datos en 40 por ciento para 2014.

IBM y Apple son las más rezagadas, con 10,9 y 6,7 por ciento respectivamente, según el Índice de Energía Limpia de Greenpeace. Google ha invertido 780 millones de dólares estadounidenses en proyectos de energía renovable, con una potencia instalada total de 1,7 gigawatt, incluyendo los 168 millones de dólares invertidos en una termoeléctrica de torre solar.

Internet y las TIC en general han traído beneficios, pero el consumo energético y las emisiones de GEI asociadas a estas crecen aceleradamente. Cada vez que llevamos a cabo una acción que involucre usar Internet, como la investigación y redacción de este artículo, que provocó la emisión de unos siete kilogramos de CO2, contribuimos al calentamiento global y al cambio climático. Por eso Internet debe usarse responsablemente, para minimizar su contribución al calentamiento del mundo.

El presupuesto forestal no valora los bosques

Fuente: Greenpeace México.

Al hacer un análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2012, descubrimos que de los recursos para el sector forestal, por 6 mil 812 millones de pesos para el próximo año, sólo alrededor de 700 millones de pesos están encaminados a programas para apoyar actividades que promueven la efectiva valoración de los ecosistemas forestales y que aseguran la provisión de los servicios ambientales, como los que promueven la silvicultura comunitaria y el manejo forestal sustentable por parte de comunidades y ejidos.

Es precisamente esta falta de valoración de los bosques la principal causa de que cada año desaparezcan estos ecosistemas a una tasa de casi medio millón de hectáreas y es evidente que dentro de la política del gobierno federal no se busca una manera efectiva de revertir la grave deforestación que afecta a los bosques de México y tampoco se valora la importancia de estos ecosistemas para mantener la vida de las comunidades y la ciudadanía ante la crisis global del cambio climático. Esto, a pesar de que 70 por ciento de los bosques de México son propiedad de comunidades indígenas y ejidos.



Por el contrario, el PPEF 2012 plantea otorgar mil 986 millones de pesos a la categoría Pago por Servicios Ambientales (31 por ciento de los recursos del Proárbol); aunque a simple vista esto podría parecer un incremento que contribuiría a valorar los ecosistemas forestales, no es así, ya que este rubro está compuesto principalmente por los programas de Plantaciones Forestales Comerciales (Prodeplan), de Reforestación y Conservación de Suelos (Procoref), así como el de Pago por Servicios Ambientales (PSA), los cuales, está demostrado que no contribuyen de manera efectiva a detener la deforestación en nuestro país.


Aunque en su origen, la orientación y el enfoque del PSA fueron innovadores, en la actualidad está lejos de ser una respuesta efectiva al problema de la valoración y la deforestación. Entre sus mayores debilidades destacan:


- La esencia actual del PSA consiste principalmente en otorgar un subsidio a los propietarios de los bosques, condicionado débilmente a “no deforestar”. Es decir, es un “pago por no tocar” en lugar de promover el fortalecimiento de capacidades técnicas y organizativas de las comunidades y ejidos forestales y compensarlas por llevar a cabo actividades que garantizan la provisión de los servicios ambientales, como ordenamiento territorial, planes de manejo, planes de aprovechamiento, entre otros.

- No asocia la escasa valoración de los bosques con las causas de fondo de la deforestación y degradación de los ecosistemas forestales y, por lo tanto, no está encaminado a atenderlas y revertirlas. En consecuencia, sus resultados dependen más de factores externos (precio de los productos básicos, por ejemplo), que de las acciones mismas del programa.






- Debido a esto, actualmente el PSA corre el riesgo de quedar limitado a un programa asistencialista.

Al no valorarse los ecosistemas forestales y los servicios ambientales que brindan, la conservación de estos recursos no tiene un papel relevante en la agenda pública y de gobierno y, por lo tanto, tampoco se valoran ni impulsan las acciones que promueven efectivamente la conservación y uso sustentable de los bosques.

Esto ocasiona que al momento de definir el uso de suelo o tomar decisiones sobre política pública, como la asignación del presupuesto, muchas veces se dé preferencia a otras actividades como los proyectos turísticos, las carreteras, la minería, la agricultura y ganadería extensivas, la reforestación o las plantaciones forestales comerciales, entre otras. Por esto no sorprende que en el PPEF 2012 se planteé asignar 61 mil 612 millones de pesos al sector agrícola y pecuario, 70 mil 440 millones a comunicaciones y transportes, 45 mil 233 millones a medio ambiente y sólo 6 mil 453 millones de pesos al Proárbol.

La falta de valoración de los ecosistemas forestales tiene severas consecuencias para los bosques de nuestro país. Por ejemplo:

•las plantaciones de aguacate en la región Purépecha de Michoacán crecieron 650 por ciento en los últimos 42 años, en muchos casos, a costa del bosques;
•90 por ciento de la Reserva de la Biósfera de los Tuxtlas, en Veracruz, ha sido deforestada debido al avance de la frontera agropecuaria;
•50 por ciento de la cobertura forestal del Parque Nacional La Malinche ha sido sustituida por campos agrícolas;
•y finalmente, la actual administración federal autorizó la construcción de la Autopista Lerma- Tres Marías a través del Gran Bosque de Agua (bosques ubicados entre Cuernavaca, Toluca y el Distrito Federal) y se planea la construcción del Arco Sur en la misma zona.


En el marco del Año Internacional de los Bosques, y dada la relevancia de estos ecosistemas para la mitigación del cambio climático, Greenpeace hace un llamado a los diputados y diputadas para que tomen las medidas necesarias a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año, el cual están discutiendo; promuevan de manera efectiva la valoración de los ecosistemas forestales y sus servicios ambientales, así como de las actividades que contribuyen a preservarlos, especialmente el manejo forestal por parte de comunidades y ejidos; ya que este fue uno de los acuerdos presentados por México en REDD+, durante la pasada cumbre del clima de Cancún COP 16, para alcanzar la cero deforestación al año 2020.


Por todo lo anterior, Greenpeace solicita a los diputados y diputadas de la LXI legislatura:


•Impulsar una evaluación efectiva del impacto (no sólo del cumplimiento de metas) de los programas que componen el Proárbol para que, con base en ella, se les asignen los recursos en los próximos años.
•Reasignar los recursos que se pretenden destinar al Procoref, Prodeplan y PSA para dar prioridad a los programas que promueven el manejo forestal sustentable por parte de comunidades y ejidos (Prodefor y Programa de Silvicultura comunitaria).

Demandan mayor presupuesto para cumplir metas contra cambio climático

Fuente: Notimex, 30-09-2011.

Organizaciones civiles advirtieron que hay una reducción de 62 por ciento en el presupuesto de 2012 para acciones contra el cambio climático, por lo que pidieron la asignación y el redireccionamiento de recursos para que México pueda cumplir con sus compromisos.

El Grupo Mexicano de Financiamiento, lamentó que lejos de registrar un aumento presupuestal para cumplir con la reducción de los gases contaminantes, el proyecto contenga dicha reducción.

La miembros de la agrupación, conformada por 16 organizaciones no gubernamentales, sostuvieron que han detectado que no existe una correlación adecuada y eficiente entre las metas planteadas en términos de mitigación y adaptación al cambio climático, y la asignación de recursos reflejados en el presupuesto de egresos.

La coordinadora de Políticas Públicas del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Sandra Guzmán, sostuvo que se debe reorientar dicho gasto, sobre todo en los cuatro principales sectores emisores, transporte, energía, agricultura y el sector forestal.

La activista del CEMDA consideró que también es necesario hacer recomendaciones a solicitud de diversos miembros interesados del Congreso de la Unión.

Detalló que en dicho presupuesto, se detectó que hay una reducción de 62 por ciento en los recursos, en comparación con los asignados para este año de 584.2 millones de pesos, pues para 2012 la propuesta es de sólo 221.1 millones de pesos.

"Para revertir el rezago, el presupuesto debe direccionarse de manera transversal, transparente y equitativa, lo que permitirá transitar hacia una economía baja en carbono enmarcada en el respeto de los derechos humanos, la equidad de género y la sustentabilidad", expresó.

A su vez, el coordinador de Programas de la Fundación Heinrich Böll, Jorge Villarreal, sostuvo que para hacer frente al cambio climático se requiere, además de políticas eficientes, un financiamiento adecuado.

Enfatizó que pese a que en el ámbito internacional México aparece como una nación progresista en el tema de financiamiento, a nivel nacional no se cuenta con mecanismos para una asignación presupuestal adecuada para las medidas de mitigación y adaptación que se requieren.

De acuerdo con las metas establecidas en el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), para 2012 la República Mexicana deberá reducir 51 millones de megatoneladas de bióxido de carbono (MtCO2e).

Senado aprueba Derecho al Agua y al Medio Ambiente Sano para el Desarrollo

por Raúl Guzmán Enzástiga

Ayer, 29 de septiembre, el Senado de la República aprobó la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El texto aprobado, que se integra al artículo 4° dice lo siguiente:

"Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines."

Los argumentos que se tomaron en cuenta para aprobar el Derecho a un Medio Ambiente Sano para el Desarrollo y Bienestar de las Personas son:

 

Es indiscutible que el derecho a un medio ambiente equilibrado o sano constituye un derecho fundamental de la persona reconocido constitucionalmente en la mayoría de los países del mundo, por ello, debe ser estrictamente respetado. La constitucionalización del “derecho al ambiente” es una tendencia reciente, pero muy firme, de los procesos de reforma constitucional de muchos países. Forma parte del proceso de actualización del constitucionalismo moderno, que ahora incluye nuevos derechos, entre los que destaca el ambiental; se encuentra en más de 60 textos constitucionales, toda Constitución que ha sido expedida o reformada desde 1970 ha incorporado alguna mención al medio ambiente.

El avance científico y la tecnología han hecho que este derecho esté siendo vulnerado, porque el hombre de estos tiempos con su vasto conocimiento, está en plena capacidad de destruir el medio ambiente si así lo quisiera.

Al igual que otros derechos, el derecho a gozar de un ambiente sano surge con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Por su parte, la Declaración de Lisboa de 1988 emitida dentro del marco de la “Conferencia Internacional sobre garantías del Derecho Humano al Ambiente”, exhortó a reconocer el derecho que tiene una persona a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y a la vez sugirió a los estados crear mecanismos jurídicos que hagan posible que cada individuo pueda ejercer y exigir sin impedimentos, el derecho a habitar en un medio ambiente saludable para el desarrollo de su vida.

En nuestro país el ambiente está tutelado en el artículo 4° constitucional y no se presta fácilmente a una definición desde el punto de vista jurídico. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente lo define en el artículo 3° como “El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados”.

Desde la doctrina se subraya el componente “sistémico” del ambiente, en el sentido de que involucra una serie importante de elementos de diversa procedencia y con presencia variable en los distintos ecosistemas –elementos fisicoquímicos, biológicos, sociales, etcétera-. Esa composición compleja del medio ambiente genera lo que se ha llamado la “vis expansiva” de lo ambiental, que lo lleva a “confligir, afectándolos, con diversos intereses”.

Al referirnos al tema del derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas, es importante considerar, como ya se ha referido, que constituye un derecho fundamental, un derecho humano de tercera generación.

La tercera generación de los derechos humanos es una clasificación de carácter histórico, considerando cronológicamente su aparición y reconocimiento por parte del Estado dentro del orden jurídico; en esta generación empiezan a promoverse a partir de la década de los años sesenta, entre otros se encuentra el “Derecho a un Ambiente Sano”. En 1966, las Naciones Unidas anuncian el nacimiento de estos derechos, cuyo fin es el promover el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos, también se les denominan Derechos de Solidaridad, que llevan intrínseco un espíritu de corresponsabilidad en bien de la humanidad, que es la única, independientemente de las fronteras, razas, religión, color o cualquier otra condición.

Los derechos de esta generación tienen la particularidad de considerar al individuo no en forma aislada, sino como parte de un todo, que es la humanidad. Interpretan las necesidades de la persona humana, vistas desde su dimensión social; convocan a la cooperación internacional para promover el desarrollo de todos los pueblos; buscan preservar los recursos naturales a fin de garantizar un ambiente sano.

La Dra. Mireille Roccatti, en su obra "Los Derechos Humanos y la Experiencia del Ombudsman", al referirse a los derechos de la tercera generación, dice que son derechos que pertenecen a una categoría denominada derechos "difusos", "colectivos" o "supraindividuales", los cuales han sido recogidos por algunas constituciones a fin de que paulatinamente se vayan implementando mecanismos jurídicos para facilitar su eficacia. Considerando en esta categoría el derecho a un ambiente sano, se llaman difusos por su amplitud, por su extensión, por la dificultad de realización y por la constante confusión con los deberes de la humanidad.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante resolución 217 A (III) de fecha 10 de diciembre de 1948, proclama que tenemos derecho a que nuestras necesidades humanas de protección y mejoramiento de la salud, educación, vivienda, de un medio ambiente sano y de servicios públicos, sean satisfechos, para desarrollarnos conforme a nuestra dignidad humana; el Estado tiene la obligación de realizar su mayor esfuerzo para que estos derechos sociales, económicos y culturales de la población se puedan satisfacer progresivamente en razón de los recursos de cada Estado.

Por su trascendencia a nivel internacional, tuvo lugar la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972, a partir de ella se ha convocado a los países en cierta medida a tomar acciones de control sobre los contaminantes, a través de sus legislaciones, respondiendo a la necesidad de preservación del medio ambiente y lograr adecuarlo equilibradamente con el desarrollo, lo que en la conferencia de Estocolmo se llamó "ECO-DESARROLLO". Pero este equilibrio solamente será posible mediante la razonable instrumentación de la coparticipación tanto de los niveles gubernamentales y como de los individuos.

En la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada del 3 al 14 de junio de 1992, se propuso reafirmar la Declaración de la Conferencia de Estocolmo, tratando de basarse en ella con el objeto de establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas; procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial, haciendo valer de esta manera el derecho de la humanidad a un ambiente sano.

Existen normas nacionales e internacionales, que defienden y consolidan el derecho que tiene la persona humana a vivir en un medio ambiente sano. Es así que el derecho a un ambiente sano ha dejado de ser asunto de uno o dos Estados, para pasar a ser un tema de envergadura mundial, un tema que por su importancia ha hecho posible que los estados del mundo fomenten programas conjuntos dirigidos a la defensa de un derecho fundamental que hace y hará digna la vida del hombre.

Por otra parte, los argumentos considerados para aprobar el Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento de Agua son:

 

El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. También es condición indispensable para vivir dignamente y para la realización de otros derechos. Es por ello que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) ha considerado que el derecho al agua queda comprendido por el derecho al nivel adecuado de vida, contemplado en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.

En años recientes, la contaminación incesante, el continuo deterioro de los recursos hídricos y su distribución desigual han implicado que un número muy importante de personas en México y en el mundo (aproximadamente 1,000 millones) carezcan de un suministro suficiente de agua y de servicios adecuados de saneamiento. En México se estima que el 21% de la población no tiene acceso a servicios adecuados de saneamiento y que el 3% de la población no tiene acceso al agua de forma regular.

El CDESC define el derecho al agua como "el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico". Este derecho entraña tanto libertades como derechos; la libertad de mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como por ejemplo, no sufrir cortes arbitrarios del suministro o el derecho a la no contaminación de los recurso hídricos. Aunado a ello, se debe ser consciente que el modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras.

En la propuesta enviada por la Colegisladora, además de introducirse el derecho al agua como un derecho humano, se establece su disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Características y condiciones básicas que deben garantizarse para poder acceder a este derecho y ejercerlo:

• El abastecimiento del agua debe ser suficiente y adecuado a las necesidades vitales de cada persona.
• El agua debe tener una calidad adecuada para el uso personal y doméstico, esto es, que no contenga microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas.
• Debe ser accesible tanto desde el punto de vista físico, es decir, que todas las personas puedan acceder al agua sin tener que hacer un gran esfuerzo de traslado, como accesible en términos económicos, es decir, ser asequible para cualquier persona.
• El agua debe ser accesible a todos sin ningún tipo de discriminación, garantizando que las personas que viven en una situación de mayor vulnerabilidad puedan acceder al agua en igualdad de condiciones.

 Además de ello, en la propuesta se considera prioritario establecer como obligación del Estado la de garantizar este derecho y que la ley va a definir las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

  

Sobre el particular, es importante señalar que estamos hablando de un derecho humano de acceso, uso y consumo de agua. Por lo que, independientemente de las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos que defina en su momento la ley y el deber de participación y coordinación de los órganos gubernamentales, el Estado debe garantizar este derecho.

Asimismo, es importante precisar que “El Estado garantizará…” significa que este derecho queda garantizado una vez que entre en vigor el decreto; redactarlo en futuro quiere decir que el Estado debe hacerlo en todo momento y circunstancia.

Es importante señalar que durante los últimos dos años, el derecho al agua ha recibido atención considerable dentro del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas como dentro del trabajo de organizaciones no gubernamentales. En general, el debate alrededor del contenido de las obligaciones derivadas del derecho al agua sigue en sus primeras fases. No obstante, se ha progresado considerablemente.

Para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) el derecho al agua deriva tanto del derecho a la alimentación como del derecho a la salud. Varios elementos describen el contenido normativo de los derechos: el derecho al agua abarca principalmente el derecho de cada persona de acceder a un sistema de agua y a la protección contra la interferencia por desconexión de suministros de agua. El agua disponible no se debe contaminar. Cada persona tiene el derecho a un sistema de agua que funcione. Los sistemas de agua se deben organizar y manejar para garantizar acceso continuo al agua. Según el Comité de Derechos ESC, el acceso al agua se refiere al agua que cada persona necesita para su uso personal y doméstico.

En la actualidad hay problemas serios de abastecimiento de agua en muchas partes del territorio nacional, lo cual ha generado diversas reacciones de los particulares y de las autoridades, incluyendo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Según datos internacionales, el 12% de la población en México no tiene acceso sostenible a fuentes de agua mejoradas y es probable que éste porcentaje se eleve sensiblemente en los próximos años.

El tema del derecho al agua ha sido abordado desde una óptica internacional, a través de tres interesantes documentos producidos en el seno de las Naciones Unidas.

  

El informe preliminar presentado por el Relator Especial El Hadji Guissé sobre la “Relación entre el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales y la promoción del ejercicio del derecho a disponer del agua potable y servicios de saneamiento”, rendido ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU el 25 de junio de 2002.

El “Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo”, coordinado por la UNESCO, realizado por 23 agencias de las Naciones Unidas y publicado a principios de 2003.

La Observación General número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.

El derecho al agua encuentra su fundamento jurídico dentro del derecho internacional de los derechos humanos en varias disposiciones, tanto de carácter general como sectoriales. Así, por ejemplo, se encuentra contenido en el derecho a la salud establecido por el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o en el derecho a la vivienda y a la alimentación del artículo 11 del mismo Pacto. Además, está expresamente mencionado en el párrafo 2 del artículo 14 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (la CEDAW) y en el párrafo 2 del artículo 24 de la Convención de los Derechos del Niño.

En el documento citado del Relator Especial El Hadji Guissé se da cuenta de la problemática mundial sobre el acceso al agua y se apunta la debilidad de las construcciones jurídicas en torno a esa necesidad básica. Para empezar, el relator cita un dato estrictamente biológico del que no podemos desentendernos: el contenido mismo del cuerpo humano está formado en gran parte de agua; entre un 58% y un 67% en los adultos y entre un 66% y un 74% en los recién nacidos.

Los datos que aporta en su informe son alarmantes, por más que sean ya conocidos: 1,500 millones de personas no tienen acceso a agua potable en el mundo y 4,000 millones carecen de servicios de saneamiento adecuados. Un dato todavía más escalofriante si cabe; el 80% de las enfermedades se transmiten a través del agua, lo cual demuestra la necesidad de asegurar un cierto nivel de calidad en la provisión del líquido. El futuro no se presenta muy halagüeño; el relator calcula que para 2025 cerca de 3,000 millones en todo el planeta sufrirán escasez de agua.

La escasez de agua se produce por muchas razones; entre ellas el relator especial identifica las siguientes: la destrucción de las cuencas hidrográficas, la deforestación, los efectos nocivos de las prácticas agrícolas basadas en la utilización masiva de plaguicidas y otros productos químicos y la descarga de desechos tóxicos en los mantos acuíferos. En el caso de las grandes ciudades mexicanas habría que añadir que la escasez se produce por el nulo mantenimiento de la red de conducción de agua, por sus constantes fugas, por la sobreexplotación de los mantos freáticos, por el irracional uso que la población hace del agua y por la falta de planeación estratégica de las autoridades, entre otras cuestiones. El objetivo del derecho al agua, explica el relator en su documento, es “garantizar a cada persona una cantidad mínima de agua de buena calidad que sea suficiente para la vida y la salud, es decir, que le permita satisfacer sus necesidades esenciales que consisten en beber, preparar los alimentos, conservar la salud y producir algunos alimentos para el consumo familiar” (párrafo 19).

Entre las obligaciones que para los Estados se generan a partir del derecho al agua (no concebido, todavía, como derecho autónomo, pero sí derivado de otros derechos) el relator señala las de tipo positivo y las de tipo negativo; entre las obligaciones positivas menciona la de suministrar agua potable, la de evacuar las aguas residuales y la de darles tratamiento; entre las negativas menciona la de no interrumpir el servicio de agua. En ambos casos los Estados tienen la obligación de igualdad de trato hacia los distintos usuarios.

El derecho al agua se relaciona con otros derechos humanos. El relator señala varios casos, de entre los que conviene mencionar el derecho a la paz, pues en su opinión la escasez de agua es foco de conflictos, tanto en las relaciones entre Estados como hacia el interior de un país. Este asunto es especialmente importante en México, en donde se han generado importantes tensiones sociales por la falta de aprovisionamiento de agua a determinadas comunidades.

Como se ya se mencionó, el derecho al agua está muy vinculado no sólo con el derecho a la salud y a la alimentación, y también con el derecho a la vivienda, pues no puede hablarse de vivienda digna y decorosa si no se cuenta con agua potable en la misma.

Por lo que respecta al “Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos e el Mundo”, coordinado por la UNESCO, conviene considerar los siguientes puntos importantes.

El informe destaca que aunque pudiera pensarse que el agua sobra en el planeta, lo cierto es que solamente el 2.53% el total es agua dulce; de ese pequeño porcentaje hay que tomar en cuenta que la mayor parte se encuentra inmovilizada en los glaciares y en las nieves perpetuas. Y que las proyecciones hacia el futuro, si no se toman medidas drásticas, no son muy halagüeñas; hacia el año 2050 se calcula que 7,000 millones de personas en 60 países sufrirán escasez de agua, aunque si las tendencias se corrigen dicha escasez afectará únicamente a 2,000 millones de personas en 48 países.

En México el tema se encuentra vagamente regulado en el artículo 27 constitucional, aunque de su texto quizá no pueda inferirse un derecho fundamental al agua; en efecto, en sus párrafos primero, tercero, cuarto, quinto, octavo y noveno en sus diversas fracciones, el artículo 27 contiene referencias al agua o a las aguas, tanto interiores como marítimas, nacionales o internacionales, pero sin que en ninguna de esas disposiciones se establezca en términos constitucionales un “derecho al agua”. Otra referencia constitucional al agua se encuentra en el artículo 115, en cuya fracción III se establece que los municipios tienen a su cargo la prestación del servicio público de “agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales” (inciso A). De nuevo hay que decir que tampoco en el artículo 115 se contiene un “derecho al agua”, aunque existe la obligación de las autoridades municipales de prestar los servicios públicos que han sido mencionados.

Como se puede apreciar, es importante reconocer el derecho al agua como derecho fundamental, de carácter tanto individual como colectivo, protector de las generaciones actuales y de las futuras, el derecho al agua.

El derecho al agua genera dos distintas obligaciones básicas o primarias para los poderes públicos; la primera consiste en proveer materialmente el líquido, haciéndolo asequible para la población en general y de manera especial para los grupos más vulnerables; la segunda, es asegurar que ese líquido tenga la calidad necesaria para el consumo humano, ya sea directo (es decir, cuando el agua se usa para beber o para la higiene personal) o indirecto (usos agrícolas o alimentarios en general).

De este modo, sólo queda pendiente la publicación del decreto en el Diario Oficial, para que se convierta en Ley vigente. Esperamos que esto ocurra en las próximas semanas.