Huecas, las leyes ambientales en México

Fuente: Enlace México. Código Verde. Junio de 2011


No es de sorprendernos que los legisladores mexicanos pasen por alto los temas donde se requiere plantear y generar nuevas leyes o mejorar las existentes, ya que es evidente que si no logran ponerse de acuerdo en las reformas a la ley en materia fiscal, mucho menos habrán de interesarse en la construcción de una reglamentación ambiental que garantice la protección de los bienes naturales del país.

La legislación ambiental, no es más que el conjunto de tratados y reglamentos que han de regular la interacción entre la humanidad y los componentes del medio natural; con el principal objetivo de reducir el impacto de la actividad humana sobre el entorno. En este sentido, tanto funcionarios públicos como académicos ambientalistas coinciden en que el actual modelo legislativo que regula el capital natural de México, es prácticamente obsoleto y con exiguas reglas procesales, pues según Francisco Martínez Esponda, Coordinador del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, con la actual legislación no se soluciona de fondo la problemática ecológica.

De este modo, es indiscutible que los recursos naturales forman parte importante en la sustentabilidad económica del país, es por ello que el actual marco jurídico debe contemplar leyes más justas y estrictas, además del compromiso y la coordinación de los tres poderes de gobierno para cumplir y hacer cumplir, los convenios ambientales a los cuales se ha suscrito, pues sólo de esta manera se ha de alcanzar un equilibrio ecológico y económico reciproco.

Sin embargo, ante la falta de leyes rigurosas que garanticen la protección de los recursos naturales, el cabildeo y el trabajo de defensores y activistas ambientales en México ha sido aún más intenso durante la última década, no obstante, es lamentable reconocer que dentro del juego de los grandes intereses económicos, el medio ambiente no ha quedado fuera de esta apuesta, ya que tan solo en este año, cuatro activistas ecológicos han sido asesinados en la comunidad de Temascaltepec, Edo. de México, solamente por encontrarse investigando acerca de los ilegales cambios de uso de suelo, presuntamente a cargo de la empresa canadiense Genco Resources, compañía a facultada para la exploración de la mina denominada La Guitarra.

Aunque en México estos hechos no son algo nuevo, de acuerdo con Beatriz Bugeda, presidenta del Observatorio Ciudadano de vigilancia ambiental, “el país está frente a lo de siempre, impunidad e ineficacia de la legislación, lo cual no es más que el resultado de un marco legal bastante decoroso, en cuanto a contenido, pero no eficiente”, pues es incongruente que en pleno siglo XXI, exista una legislación ambiental que date de los años 70´s.

La PROFEPA, autoridad en México encargada de hacer cumplir la ley ambiental, hoy se encuentra maniatada por los diversos intereses gubernamentales y económicos que no le permiten hacer su trabajo, pues a pesar de que abogados y activistas ambientales han ganado juicios interpuestos en contra de grandes empresas, las cosas simplemente no cambian.

Bajo este contexto, es indudable que el fortalecimiento de los mecanismos que permitan hacer más eficiente y efectiva la aplicación de la legislación ambiental y el combate a la impunidad, ha de ser bajo un estricto esquema que permita eliminar la fragmentación y la dispersión de la leyes ambientales, y para ello no existe otro camino más que la construcción de un Código Ambiental, donde se sumen los sectores de la sociedad civil, con la estrecha coordinación entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, pero que además de garantizar la conservación y preservación de los recursos naturales, castigue con todo el rigor y el peso de la ley a quienes dañen el patrimonio del país y de la humanidad.